Sólo entre 2003 y 2015 las constructoras de Báez recibieron 51 obras públicas en Santa Cruz. Es decir, el 78% de todos los proyectos. El grupo de empresas de Báez apenas terminó 27 de esas 51 obras, pero cobró todas.
El Tribunal no tuvo dudas: el kirchnerismo montó un mecanismo destinado a saquear las arcas públicas. Al menos en eso coincidieron el fiscal Gerardo Pollicita que investigó la causa Vialidad, el juez Julián Ercolini que elevó el caso a juicio oral. También coincidió la Cámara Federal cuando tuvo el expediente. El fiscal Diego Luciani y el Tribunal Oral Federal N° 2 avalaron toda la investigación que determinó que se robó al estado miles de millones de pesos.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo Luciani durante su primera audiencia de alegatos, el 1° de agosto.
Sólo entre 2003 y 2015, según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, las constructoras de Báez recibieron 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Es decir, el 78% de todos los proyectos que se asignaron durante esos años a la provincia de los Kirchner. Y eso, a pesar que las empresas de Báez sólo concluyeron tres obras en tiempo y forma. Otro dato: el grupo de empresas de Báez apenas terminó 27 de esas 51 obras. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas”, remarcó Luciani. “Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”.
Los fiscales que tuvieron a cargo la investigación analizaron obra por obra. Detectaron que Austral Construcciones y otras empresas de Báez recibían adelantos financieros superiores a los previstos por ley; en varias licitaciones se simuló una puja de precios entre constructoras del mismo holding de Báez. No sólo eso. También detectaron sobreprecios y prórrogas de ejecución injustificadas, sin que eso afectara los pagos. El Estado le pagó siempre, todo, aunque la obra quedara inconclusa.
A diferencia de lo que ocurrió con otras empresas abocadas a la obra pública en distintos puntos del país, el holding de Báez liderado por Austral Construcciones fue el único que llegó a diciembre de 2015 sin acreencias con el Estado nacional. Por el contrario, poco antes de marcharse, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner le abonó $537 millones por obras que jamás terminó.
¿A cuánto habría ascendido la defraudación contra las arcas públicas? Difícil saberlo, aunque el fiscal Pollicita estimó en su dictamen que el emporio de Lázaro Báez recibió $8000 millones, cifra que actualizada a 2016 trepaba a $46.000 millones. Es decir, alrededor de US$3000 millones al tipo de cambio vigente a fines de ese año. Según el tribunal oral, el monto superaría ahora los $84.000 millones.
La otra pregunta que debieron responder los fiscales para convencer al tribunal oral fue quiénes protagonizaron estas maniobras desde las entrañas del Estado. Para los magistrados concluyeron que el eslabón decisivo estuvo en la Casa Rosada.
“Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez”, explicó Luciani. “El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
Desde el Ministerio Público Fiscal también reconstruyeron que los funcionarios que durante años estuvieron a cargo de la obra pública eran de máxima confianza de la familia Kirchner. Muchos de ellos, incluso, habían ocupado cargos en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, vinieron con él a Buenos Aires en 2003 y que muchos de ellos permanecieron en sus cargos hasta el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entre ellos, el titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. En palabras de Pollicita, fue una “matriz” santacruceña que se “exportó” a Buenos Aires.
Esos funcionarios fueron, a su vez, eslabones entre Báez y la cúspide del poder, según la Fiscalía, que se apoyó para probarlo en los mensajes telefónicos que López intercambió con Báez, con Máximo Kirchner –que por entonces no ocupaba cargo público o electivo alguno- y con varios funcionarios. Esos “chats” aportaron detalles sobre reuniones suyas con la entonces Presidenta en la Quinta de Olivos y de ella con Báez en Santa Cruz. Pero también quedaron expuestos los intercambios de López con el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, para coordinar el cierre de las empresas.
“Lázaro Báez era Néstor Kirchner”
“Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz”, esgrimió Luciani, durante su acusación. “Analizamos 26.000 mensajes. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”.
Para Luciani, el siguiente paso fue describir el esquema completo de la matriz de corrupción. Invocó, para eso, a la sociedad Hotesur, controlante del Alto Calafate, el hotel de la entonces familia presidencial en El Calafate, y a la sociedad “Los Sauces”, con la que los Kirchner gestionan el alquiler de sus inmuebles. En esa operatoria, ya había alertado el fiscal Pollicita, años atrás, los Kirchner contaron también con la asistencia de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, entre otros. Y según Luciani, el primer objetivo era girar a Báez dinero de la obra pública vial para luego “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos con el fin de disimular su apariencia ilícita”.
Sólo así, desde su totalidad, concluyeron los fiscales, y ahora refrendó el tribunal oral, se comprende la operatoria criminal que comenzó en Santa Cruz hace casi dos décadas. Cristina Fernández de Kirchner y un puñado de funcionarios defraudaron al Estado para de ese modo beneficiar a Báez, el amigo.
FUENTE: LA NACION