La geopolítica latinoamericana volvió a colocarse en el centro del tablero mundial. Venezuela y Estados Unidos atraviesan una paradoja tan evidente como peligrosa: mientras la Casa Blanca despliega buques de guerra frente a las costas caribeñas de Nicolás Maduro y eleva la recompensa por su captura, al mismo tiempo autoriza que Chevron cargue y transporte crudo pesado venezolano rumbo a refinerías estadounidenses. Una política de “doble carril” que condensa la tensión entre la lógica militar y la necesidad energética, con implicancias que desbordan el eje Caracas–Washington y golpean a toda la región.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
El regreso de los destructores
El 18 de agosto de 2025 se confirmó el arribo de tres destructores estadounidenses con sistema Aegis —el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson— al límite del mar territorial venezolano. Con más de 4.000 marinos e infantes de Marina a bordo, la misión fue presentada oficialmente como parte de la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y Sudamérica. En la práctica, la operación es una señal política clara: Washington vuelve a desplegar músculo militar frente a Maduro, acusado desde 2020 de liderar el llamado “Cártel de los Soles” y facilitar el tránsito de cocaína y fentanilo.
La medida vino acompañada de otro gesto simbólico: Donald Trump, en su segundo mandato, duplicó la recompensa por la captura de Maduro hasta los 50 millones de dólares. El mensaje no es tanto la viabilidad de una extradición imposible, sino la intención de marcar a Caracas como epicentro del crimen organizado transnacional.
Maduro responde con milicias
La reacción venezolana no se hizo esperar. Maduro anunció la activación de un “plan especial de defensa” que moviliza a más de 4,5 millones de milicianos civiles armados. La retórica apunta a la defensa de la patria ante una supuesta invasión extranjera, pero en los hechos se trata de un recurso político interno: cohesionar a sus bases, legitimar un despliegue territorial y reforzar el control social en un país que sufre inflación crónica, migración masiva y un sistema institucional colapsado.
La narrativa del “asedio imperialista” funciona como cemento político en el régimen bolivariano. A mayor presión externa, mayor justificación para el estado de excepción permanente y la militarización de la vida civil.
El petróleo que viaja a Houston
La aparente contradicción surge cuando se observa el plano económico. Apenas días antes de la llegada de los destructores, dos buques —Mediterranean Voyager y Canopus Voyager— partieron de puertos venezolanos cargados con crudos Hamaca y Boscan, rumbo a refinerías en Texas y California. Era el primer embarque autorizado a Chevron tras la nueva licencia concedida en julio por el Departamento del Tesoro.
¿Por qué permitir negocios petroleros mientras se amenaza con buques de guerra? La respuesta es pragmática: Estados Unidos necesita asegurar fuentes de crudo pesado para su sistema de refinación, y Venezuela es uno de los pocos proveedores inmediatos capaces de cubrir ese nicho. La autorización está rodeada de condiciones: Chevron debe operar sin transferir recursos significativos al fisco venezolano, evitando pagos de regalías o tributos directos. Es decir, se abre la canilla energética sin soltar la cuerda de las sanciones.
Estrategia de doble carril
La política de Washington frente a Caracas puede resumirse como un esquema de presión máxima militar y simbólica, combinado con concesiones energéticas selectivas.
- En el plano militar: presencia naval disuasiva, recompensas millonarias, narrativa de lucha contra el narco.
- En el plano económico: licencias acotadas que permiten a empresas estadounidenses beneficiarse de crudo venezolano, sin fortalecer al régimen.
Esta dualidad refleja la tensión interna de la política exterior norteamericana. Trump necesita mostrarse duro frente al socialismo bolivariano —para su base electoral y su agenda regional—, pero también requiere asegurar que las refinerías del Golfo y la Costa Oeste no queden desabastecidas en un mercado global convulsionado por conflictos en Medio Oriente y Asia.
Impacto regional: vecinos en la cornisa
La jugada estadounidense no ocurre en el vacío. Cada país de la región lee estos movimientos con lentes propios:
- Colombia: Gustavo Petro advirtió que una intervención militar sería “catastrófica” y generaría una ola migratoria incontrolable. Bogotá insiste en soluciones políticas y teme que el conflicto se desborde sobre su frontera.
- Brasil: mantiene su tradición de neutralidad activa. El Itamaraty evita respaldar la operación militar, monitorea la zona amazónica y preserva su rol de mediador.
- Guyana y CARICOM: la disputa por el Esequibo eleva la sensibilidad. La Corte Internacional de Justicia pidió a Caracas frenar su intento de anexión, mientras Guyana alerta sobre provocaciones en aguas en disputa. El despliegue naval estadounidense, aunque justificado como antidrogas, se percibe en Georgetown como un escudo indirecto.
- Trinidad y Tobago: sufre la otra cara de la estrategia. Washington revocó licencias para explotar campos de gas compartidos con Venezuela, congelando proyectos que habrían beneficiado a todo el Caribe oriental.
- México: Claudia Sheinbaum rechazó cualquier operación militar estadounidense en su territorio, reafirmando la soberanía mexicana y marcando un límite a la expansión de la “cruzada antidrogas”.
El tablero energético del Caribe
El petróleo venezolano es apenas una pieza. El Caribe concentra proyectos de gas, rutas marítimas estratégicas y una tensión creciente en torno a la seguridad energética. El bloqueo a iniciativas como el campo Dragón (Venezuela–Trinidad) contrasta con la habilitación selectiva a Chevron. Esto muestra que Washington pretende ser el árbitro de qué flujo energético se abre y cuál se congela.
Para los pequeños estados insulares, esa selectividad equivale a inestabilidad. El acceso a gas barato queda subordinado a la política de sanciones, mientras el costo de la energía encarece el turismo y la industria ligera.
Un juego de suma cero
Lo que se configura es un juego de suma cero:
- Maduro utiliza la amenaza de invasión para justificar el control interno y mostrar músculo militar.
- Trump exhibe mano dura frente al socialismo bolivariano, sin resignar acceso al petróleo.
- Los países vecinos quedan atrapados en un tablero que no controlan: si apoyan a Caracas, se arriesgan a sanciones; si se alinean con Washington, pierden negocios energéticos.
Claves para entender la coyuntura
- La amenaza militar es más política que operativa. Un desembarco estadounidense en Venezuela tendría costos geopolíticos altísimos. El despliegue naval apunta más a la disuasión y a la propaganda que a un plan de invasión.
- El petróleo es la válvula de escape. La economía norteamericana no puede prescindir del crudo pesado venezolano. La licencia a Chevron es un reconocimiento tácito de esa dependencia.
- La región está fracturada. Ningún bloque actúa de manera unificada: Petro se distancia de Washington, Brasil se refugia en la neutralidad, Guyana se aferra a la CIJ, y el Caribe reclama acceso a gas.
- El pueblo venezolano sigue atrapado. Ni las sanciones ni las concesiones alivian la crisis interna: pobreza, inflación y migración masiva continúan siendo la realidad cotidiana.
Conclusión: entre la guerra y el barril
La coyuntura Venezuela–Estados Unidos refleja la naturaleza contradictoria del poder global: los discursos se llenan de amenazas, las costas se militarizan, pero los buques petroleros siguen zarpando rumbo a Houston. La “doble carrilera” no es un error, sino un cálculo frío: apretar al régimen, controlar los recursos y enviar un mensaje a toda la región.
El riesgo es que esta estrategia, diseñada en clave geopolítica y electoral, termine incendiando un Caribe que ya vive bajo tensiones migratorias, disputas territoriales y fragilidad económica. El petróleo fluye, pero el horizonte se oscurece.