La postulación de Lucas Taboada para el Colegio de Jueces de Monteros enciende las alarmas institucionales. El antecedente de su fallo contra el programa de Enterate Play y la oportunidad histórica de los legisladores para frenar un avance contra las garantías constitucionales.
TUCUMAN.- La división de poderes y las garantías constitucionales más elementales enfrentan una hora crucial en Tucumán. En las próximas horas, la Legislatura deberá decidir si convalida el pliego de Lucas Taboada para convertirse formalmente en juez del Colegio de Jueces del centro judicial de Monteros.
El tratamiento de su postulación no es un trámite burocrático más: representa un antecedente de extrema gravedad institucional, un test de ADN para la calidad democrática de la provincia y, fundamentalmente, la oportunidad para que el arco legislativo decida si se arrodilla ante el poder de turno o se convierte en el héroe que rescate la supremacía de la Constitución Nacional.
El nombre de Lucas Taboada quedó marcado a fuego en los registros del periodismo independiente en noviembre del año pasado. Actuando como juez subrogante, el postulante firmó un fallo que sacudió los cimientos de la libertad de expresión en la provincia al dictar la censura previa contra el programa televisivo El Avispero, producido por Enterate Play (medio que ha venido documentando minuciosamente las irregularidades del caso a través de su portal informativo). El envío periodístico venía investigando y cuestionando con severidad el accionar de sectores de la Justicia local; la respuesta judicial, avalada por Taboada, fue lisa y llanamente silenciar el debate.
Ese fallo se leyó sin eufemismos: una resolución a medida, redactada con el único fin de complacer las simpatías de la Casa de Gobierno y ganar los favores necesarios para pavimentar el ascenso en la carrera judicial.
Al estampar su firma en aquella polémica sentencia, el hoy aspirante a juez permanente ignoró un andamiaje legal centenario y protector de la labor periodística. El fallo de Taboada desconoció abiertamente tres pilares fundamentales del derecho republicano:
El Artículo 14 de la Constitución Nacional: Que asegura el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.
El Artículo 32 de la Constitución Nacional: Que prohíbe explícitamente al Congreso Federal (extensivo a las provincias por el orden constitucional) dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
El Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): De rango constitucional en nuestro país, que establece de forma taxativa que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a previa censura.
El verdadero peligro no radica únicamente en el error conceptual o en la flagrante inconstitucionalidad de un fallo aislado, sino en el mensaje mafioso que se envía a la magistratura: el juez que amordaza a la prensa incómoda para el poder político es recompensado con un cargo titular.
La hora de los legisladores: ¿Cómplices o héroes de la República?
El pliego está ahora en manos de los legisladores tucumanos. La votación pondrá bajo la lupa pública los nombres de aquellos representantes del pueblo que decidan levantar la mano. Avalar a Taboada significará meter en el corazón del Poder Judicial a un magistrado que ya demostró estar dispuesto a sacrificar la Carta Magna a cambio de la aprobación del oficialismo. Significaría sembrar un precedente de terror para cualquier periodista, editor o medio de comunicación que se atreva a auditar los actos públicos de la provincia.
Sin embargo, la inminente sesión parlamentaria también abre una ventana de oportunidad histórica. En una provincia señalada por la concentración del poder y la debilidad de sus contrapesos institucionales, los legisladores de todas las bancadas tienen hoy la oportunidad de convertirse en héroes civiles. Tienen en sus manos el resorte institucional para poner un freno de mano, rechazar el pliego y enviar una señal inequívoca a toda la familia judicial: Tucumán no tolerará jueces que violen la Constitución Nacional para congraciarse con el poder político.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas; es el derecho de los ciudadanos a saber qué hacen quienes los gobiernan y quiénes les dictan sentencia. Si la Legislatura decide convalidar al censor, la República habrá perdido otra batalla en el norte. Si decide rechazarlo, la división de poderes habrá encontrado, por fin, sus defensores.