La Justicia investiga si un predio deportivo fue parte del entramado para canalizar fondos ilegales, por la gestión del ex-ministro bonaerense.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La Justicia continua investigando por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al ex-ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio. Ahora tiene «bajo la lupa» una cancha de fútbol en la que podría haberse canalizado dinero proveniente de coimas ligadas a contratos irregulares con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La denuncia fue presentada por el dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe ante el juez federal Álvaro González Charvay, quien ya investiga a D’Onofrio por el presunto direccionamiento de contratos hacia la empresa Franutec S.A., adjudicataria de las Zonas 5, 9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, que incluyen municipios como Ezeiza, Mercedes, General Rodríguez y Lobos.
El nuevo foco de sospecha recae sobre Cristian Germán Ojeda, directivo de Franutec y dueño de la financiera Token Capital (allanada en enero pasado) y de un predio deportivo donde funciona una peña de Boca Juniors, ubicado en la calle Belgrano al 1200. Según Yofe, el complejo habría sido utilizado para blanquear fondos ilícitos pagados en concepto de sobornos a D’Onofrio y a la concejal Claudia Pombo.
Desde la Coalición Cívica también apuntaron a Natasha Natural Migueles, pareja de Ojeda, quien regentea un showroom de ropa de lujo llamado “NatSheti”, en un exclusivo sector de la Avenida del Golf. “Llama la atención la cantidad de salidas del país de Ojeda y Migueles, y el nivel de vida que ostentan en redes sociales, con viajes caros y autos de alta gama”, detalló Yofe en su presentación.
La investigación ya venía abarcando otras estructuras sospechadas de ser utilizadas como pantalla para operaciones de lavado: la financiera Token Capital y la peluquería HairSpray, esta última relacionada con Pombo.
Además de los negocios con la VTV, la Justicia también indaga un presunto sistema de desvío de fondos mediante convenios de fotomultas. En febrero, el juez Juan Manuel Culotta ordenó allanamientos en once municipios bonaerenses (entre ellos La Matanza, Zárate y Roque Pérez) por sospechas sobre los contratos firmados con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que habría actuado como intermediaria para canalizar dinero hacia empresas privadas no registradas como proveedoras.
Según declaró Pablo Sanguinetti, funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Vial bonaerense, del total recaudado por fotomultas, el 80% debía ir a municipios o empresas operadoras. Sin embargo, parte de esos fondos habrían sido girados a la UNSAM y, desde allí, a firmas como Secutrans y Tránsito Seguro, implicadas en convenios multimillonarios.
En paralelo, el fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi también avanzan en otra causa que involucra a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA), que operaba en municipios como Tigre, Moreno y Brandsen. Se sospecha que esta asociación civil usó cámaras sin habilitación legal para emitir fotomultas desde 2022.
La causa D’Onofrio no solo apunta a supuestos delitos cometidos durante su gestión, sino también a un entramado más complejo que podría incluir a empresas, clubes de fútbol, emprendimientos de lujo y entidades educativas como piezas clave de un esquema de corrupción sistémica.