El Tribunal Oral Federal ordenó que se deposite el monto del perjuicio económico causado por el fraude con la obra pública en Santa Cruz. Si no lo hacen, comenzarán los decomisos y remates de bienes embargados.
BUENOS AIRES.- En un nuevo capítulo judicial que vuelve a colocar en el centro de la escena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal N.º 2, que la condenó por fraude al Estado en la Causa Vialidad, intimó este lunes a la exmandataria y al resto de los condenados a que depositen, en un plazo máximo de diez días, $684.000 millones, cifra que corresponde al perjuicio económico causado al Estado nacional por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
La notificación fue firmada por el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, quien ordenó que todos los involucrados en la causa respondan solidariamente por el total del monto reclamado.
La cifra, equivalente a aproximadamente USD 600 millones al tipo de cambio oficial, representa el cálculo realizado por la Justicia sobre el daño económico derivado del esquema de licitaciones irregulares adjudicadas al empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de las obras investigadas.
“En caso de incumplimiento del plazo de 10 días, se procederá al decomiso y remate de los bienes embargados”, señala la resolución del tribunal.
Posibles decomisos millonarios
En el expediente judicial constan numerosos bienes embargados que ahora podrían ser rematados para cubrir el monto exigido. Entre ellos se encuentran:
Propiedades urbanas y rurales: casas, departamentos, estancias y chacras.
Sociedades comerciales y financieras.
Millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias bajo investigación.
Entre los bienes alcanzados por esta medida figuran activos pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros exfuncionarios y empresarios condenados en el fallo dictado en diciembre de 2022.
El fallo y su impacto
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en esa causa a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia no está firme y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara de Casación.
La causa investiga el presunto direccionamiento de 51 contratos viales a favor de Báez entre 2003 y 2015, cuando Kirchner ocupaba la presidencia o era senadora nacional.
El requerimiento económico de hoy marca un paso clave en la etapa de ejecución de sentencia y podría convertirse en uno de los mayores procesos de recuperación de activos en causas de corrupción en la historia judicial argentina.