En la Corte Interamericana; el Estado Nacional admitió que violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió acusados.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
El Estado argentino reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del atentado a la AMIA, la violación de su derecho a la justicia y el encubrimiento, no por negligencia, sino porque los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospechosos cercanos al poder.
“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, dijo ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Fue en el final de la audiencia ante la Corte Interamericana, adonde Memoria Activa llevó su reclamo contra la Argentina, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Con esta confesión, la Corte dictará una condena contra Argentina en los próximos meses que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA; al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica, que incluye una indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS y que suman unos U$S700.000. Los montos menores serían para las indemnizaciones a familiares.
Ante los jueces de la Corte, reunidos en Montevideo y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA. También reconocieron que el patrullero que vigilaba la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.
D’Alesandro dijo que el Estado es responsable por la violación de los derechos de protección judicial, por violar las garantías de acceso a la verdad y a la justicia, que la Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces, en 1994.