La Justicia descubrió depósitos millonarios en las cuentas del Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie.
Hugo Roldán
El federal Noticias
BUENOS AIRES.- En el contexto de la causa de los «Comedores Fantasmas», la Justicia investiga a tres organizaciones «sociales»: Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie;, por manejos financieros irregulares que alcanzan los $1.616 millones.
Los fondos, cuyo orígenes son desconocido, han generado sospechas de lavado de dinero y malversación de recursos públicos destinados a planes sociales.
La causa está bajo secreto de sumario, y avanza con nuevas medidas probatorias. Estas acciones, que se mantienen confidenciales, involucran análisis de teléfonos y cuadernos incautados en 30 allanamientos realizados el 13 de mayo.
El Juez ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de las cuentas vinculadas a las asociaciones y a los 28 dirigentes imputados, con el objetivo de rastrear el origen y destino de los fondos.
La Justicia identificó depósitos multimillonarios en las cuentas de estas organizaciones. La Asociación Civil Polo Obrero, por ejemplo, registró depósitos por $646 millones, además de otros $164 millones en una cooperativa vinculada, “El Resplandor”.
El FOL, a través de la cooperativa “Agustín Tosco”, manejó $752 millones, mientras que la cooperativa “Caminos de Tiza” de Barrios de Pie recibió $91 millones. Estas cifras corresponden a 2023 y principios de 2024.
La investigación se profundiza con el análisis de operaciones financieras, balances y documentos similares a los utilizados en el crimen organizado para blanquear dinero. El Fiscal Gerardo Pollicita, quien lidera la investigación, ha señalado que los fondos podrían provenir tanto de subsidios estatales y de recaudaciones ilegales, resultado de amenazas y presiones a beneficiarios de planes sociales.
Una escucha telefónica reveló la preocupación de la dirigente Elizabeth Palma sobre la posible investigación de la recaudación de la cooperativa “El Resplandor”. Palma expresó su inquietud sobre cómo justificar los fondos ingresados, indicando un posible reconocimiento de las actividades ilícitas.
Las autoridades judiciales continúan recolectando pruebas, incluyendo registros de alimentos enviados a comedores populares y su venta ilegal, lo que agrava la situación de los imputados y mantiene en vilo a la opinión pública.