La jueza María Servini firmó el cálculo, hecho en base a extracciones en efectivos que realizaron las casas de cambio investigadas.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la jornada de ayer la jueza María Romilda Servini, firmó un fallo que pone por primera vez un número al presunto daño causado al Estado Nacional, por el «rulo» financiero del «dólar blue», durante la gestión de Alberto Fernández: U$S 607 millones.
El análisis fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas entre enero y septiembre de 2023.
El fallo dispuso un embargo preventivo de $ 859.516 millones contra Elías Piccirillo (el “rey del blue”), más de cien casas de cambio y financistas. Entre los embargados figura también Martín Migueles, cuyo celular aportó audios clave sobre el presunto “circuito paralelo” del SIRA.
Servini señaló que el accionar de funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.
En otro expediente paralelo, uno de esos funcionarios, Romina García, fue grabada diciendo que había “gente de arriba entongada”, aunque luego explicó ante las autoridades del BCRA que “lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación”.
Según el fallo, el 99% de los dólares del circuito “fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)”. La jueza señaló que esa entidad “habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones“, aunque el fallo no contiene medidas en su contra.
El circuito continuaba a través de casas de cambio que accedían a divisas al tipo de cambio oficial y las revendían a mayor precio.
La Justicia detectó al menos ocho casas de cambio, que recibieron $ 140.000 millones “que no habrían sido informados en la base RIOC, como operación de cambio”. Entre ellas figura una cuyo presidente se definió ante la Justicia, como “changarín” y colocador de aires acondicionados.