El juez federal Luis Armella les ofreció a los imputados acogerse al régimen de imputado colaborador.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Esta semana la causa que involucra a la financiera Sur Finanzas, tuvo un avance importante. Los cuatro imputados detenidos que declararon ante la Justicia, y admitieron haber recibido directivas internas destinadas a eliminar información y entorpecer los allanamientos realizados a fines de 2025. El caso está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella
La Justicia investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a la firma que tiene como principal referente al empresario Ariel Vallejo, cuya actividad fue conectada por los investigadores con el mundo del fútbol argentino.
Luego de las indagatorias, Armella les comunicó a los acusados la posibilidad de acogerse a la figura del “imputado colaborador”, prevista por ley para quienes aporten datos verificables que permitan avanzar sobre responsables de mayor jerarquía.
Fuentes judiciales confirmaron que ninguno rechazó de inmediato la propuesta y que todos señalaron que evaluarán la opción junto a sus abogados defensores.
Entre los imputados se encuentran un técnico informático, un responsable de cumplimiento, la secretaria privada del empresario y un jefe de seguridad. Para los investigadores, integraban un engranaje interno que reaccionó ante la inminencia de los operativos policiales.
En las audiencias se exhibieron chats incorporados al expediente. En uno de ellos, enviado horas antes de los allanamientos, se ordenaba trabajar de manera remota y “borrar las planillas”. En otro intercambio, se solicitaba ingresar a computadoras y desconectar programas instalados en equipos utilizados para operaciones financieras.
Uno de los acusados reconoció conversaciones posteriores al procedimiento en las que afirmaba haber ocultado dispositivos electrónicos y entregar otros “que no tenían nada”. También se detectaron instrucciones para retirar equipos informáticos y limpiar computadoras.
El técnico informático, en su declaración, explicó que las tareas podían consistir en eliminar archivos o restaurar sistemas para que “la máquina ande mejor”, aunque aseguró no recordar si concretó todas las acciones pedidas. La Justicia intenta determinar si esas conductas tuvieron como finalidad destruir evidencia clave.
La causa se inició luego de una denuncia impositiva por una evasión millonaria y avanzó con 14 allanamientos simultáneos. A medida que se analizan los chats y la documentación incautada, los investigadores intentan determinar quién impartía las órdenes y cómo funcionaba la operatoria interna.
La situación judicial del empresario investigado continúa bajo análisis. La eventual decisión de los detenidos de colaborar podría convertirse en un elemento determinante para la próxima etapa del expediente.