Los candidatos opositores Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala acusaron formalmente a los tres miembros del órgano electoral por «desobediencia judicial» y «abuso de autoridad». Afirman que la suspensión de la Asamblea Universitaria de este miércoles es una maniobra ilegal para evitar la proclamación automática de la única lista habilitada.
Redacción El Federal Noticias
TUCUMÁN.- El conflicto universitario por la renovación de autoridades en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un capítulo judicial explosivo. La fórmula opositora integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala presentó una denuncia penal urgente ante el Fiscal de turno contra los integrantes de la Junta Electoral de la alta casa de estudios. Los acusan de desobedecer de forma deliberada a la Justicia Federal y de cometer abuso de autoridad para frenar el proceso electoral.
La presentación judicial apunta directamente contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández en su carácter de funcionarios públicos y miembros del órgano electoral universitario.
Las dos resoluciones que desataron la denuncia penal
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El Federal Noticias, la presentación de Cabrera y Abdala responde a dos resoluciones clave dictadas por la Junta este lunes 18 de mayo: las resoluciones RES-JE-5763/2026 y RES-JE-5766/2026.
Paso unánime de la suspensión: Mediante la primera resolución, la Junta dispuso congelar la totalidad de los trámites vinculados a las candidaturas de Rector y Vicerrector. La oposición argumenta que el órgano extendió maliciosamente los efectos de la cautelar dictada el pasado viernes por la Cámara Federal de Apelaciones. Aquel fallo judicial ordenaba de forma específica suspender la postulación de fórmulas con candidatos que arrastren dos mandatos consecutivos —afectando únicamente al binomio oficialista de Sergio Pagani y Mercedes Leal—, pero no a la totalidad del proceso.
Aplazamiento de la Asamblea: Con la segunda resolución, la Junta Electoral suspendió de forma directa la convocatoria a la Honorable Asamblea Universitaria prevista para este miércoles 20 de mayo y remitió el expediente al Consejo Superior para reformular el calendario.
Para los denunciantes, estas medidas constituyen los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. «La Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria nuestra fórmula, que era la única oficializada que reunía todos los requisitos de elegibilidad tras la exclusión del oficialismo», señalaron con dureza en la presentación penal.
Una maniobra para favorecer a un Consejo Superior «inexistente»
En el relato de los hechos, Cabrera y Abdala insisten en que la Junta Electoral utilizó «eufemismos» bajo la supuesta necesidad de adecuar el proceso para cumplir con la orden de la Cámara Federal. Sin embargo, advierten que el órgano electoral no posee facultades constitucionales para suspender los comicios, una potestad que le corresponde de forma exclusiva al Honorable Consejo Superior.
La gravedad institucional aumenta al denunciar que el Consejo Superior al que la Junta le envió las actuaciones «en estos momentos no existe, pues no se ha constituido aún» en el marco del recambio institucional.
Al aplazar la Asamblea, afirman que se violó de forma directa el artículo 192 del Estatuto de la UNT, el cual exige de forma taxativa que el Rector y Vicerrector deben ser electos durante la segunda quincena de mayo de 2026.
El pedido a la Justicia: Proclamación y secuestro de actas
Amparados en el artículo 114 del Estatuto de la UNT y el artículo 81 del Reglamento Electoral, los candidatos opositores reiteraron que al quedar su lista como la única habilitada en el tramo final, correspondía la proclamación automática de sus cargos.
Con la suspensión generalizada de los comicios, consideran que se les privó de un derecho legítimo derivado de un proceso electoral que avanzó válidamente.
Por este motivo, solicitaron al Fiscal de turno que inicie de inmediato una investigación penal preparatoria contra Valdez, Igarzábal y López Fernández. Entre las medidas de prueba urgentes solicitadas, exigieron que la Justicia recabe de manera inmediata todos los registros, resoluciones, actas y documentación que conste en la Junta Electoral de la UNT y en cualquier otro órgano de la universidad conectado a la accidentada votación de este año.