Entre lágrimas, recordó que decidió resistirse porque entendía que era “la única forma” de protegerse a ella y a su familia.
Este miércoles en un hotel céntrico Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera brindó una conferencia de prensa junto al abogado Roberto Reyes, representantes del CELS y de Innocence Project. Fue en el marco de dar explicaciones de lo que sucedió en el edificio del CIF el pasado 15 de mayo, luego de haber sido sometida a una extracción de material genético vinculada a la causa por el crimen de las turistas francesas.
“Me dijeron: ‘Tenemos órdenes de llevarla’, y me empezaron a empujar”, expresó “Lo único que quería era que esté el perito de parte. Nadie salió a explicarme nada. Todo fue por la fuerza”, sostuvo Beatriz, quien denunció haber sido arrastrada hasta el lugar donde pretendían realizar la extracción. La mujer aseguró además que vive bajo una constante persecución desde que comenzó la causa judicial contra su esposo.
“Obviamente mi estado era muy alterado, estaba llorando, gritando y discutiendo, porque nadie va a entender lo que pasó Clemente y lo que pasa mi hijo desde hace 15 años”, expresó. En ese sentido, sostuvo que siente que su familia es víctima de una persecución judicial: “Nuestro lugar es otro, pero es un ensañamiento de la Justicia salteña para nosotros con Clemente. Y atrás de él estamos nosotros, su familia”.
Yapura contó además que recién después de su resistencia alguien le informó que la medida quedaba suspendida. “Nadie me explicó por qué. Solo me dijeron que me vaya a mi casa y que no se iba a hacer”, afirmó.
Por su parte, el abogado Roberto Reyes cuestionó duramente el accionar de la Fiscalía y calificó el procedimiento como “invasivo” e improcedente. Según explicó, la defensa había advertido previamente que la citación no respetaba garantías procesales y que la notificación se realizó con apenas 30 horas de anticipación. Además, señaló que la extracción genética “corresponde a una persona imputada”, situación que -afirmó- no encuadraba en el caso de Yapura.
“La señora exigió la presencia de su perito y pidió que se presente el fiscal. Como no ocurrió, se arrojó al piso en señal de protesta. Es totalmente válido”, indicó Reyes. Además cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal luego de que trascendieran imágenes y testimonios del procedimiento. “Cuando se conoció este bochornoso hecho, donde la señora era arrastrada para tomarle la muestra, la Fiscalía decidió suspender el acto, pero nunca salió a aclarar lo sucedido”, sostuvo.
El abogado explicó además que, debido al estado emocional de Yapura, la defensa insistió con la presencia de un perito de parte para garantizar transparencia. “Una vez que el fiscal autorizó que el perito participe, la señora se realizó las pruebas sin ningún problema”, afirmó. “Nunca hubo una negativa absoluta a colaborar con la investigación. Lo que buscamos fue garantizar sus derechos y evitar que se repitan hechos de violencia institucional”, concluyó.
El letrado también denunció que durante el operativo fueron secuestradas herramientas de trabajo de periodistas y hasta un teléfono celular de su pertenencia. “Nunca obstruimos la investigación. Simplemente tratamos de garantizar la seguridad de la señora Yapura, que estaba conmovida por estos actos de tremenda violencia. El Ministerio Público tiene todo el derecho de investigar, pero todos los organismos jurisdiccionales tienen un límite: las garantías constitucionales”, remarcó.
Desde el CELS, uno de los abogados presentes advirtió sobre una “nueva avanzada del Poder Judicial” y cuestionó que se haya intentado obtener ADN de Yapura “sin una hipótesis objetiva” que la vincule con los hechos investigados. Además, denunció un “abuso de poder inaceptable” por parte del Ministerio Público Fiscal tras las actuaciones contra el abogado defensor y un periodista que cubría el procedimiento.
“Vamos a seguir trabajando para que la negligencia y la impericia del Poder Judicial no se conviertan en una violación a los derechos humanos y las garantías constitucionales”, sostuvo. En la misma línea se expresó Manuel Garrido, quien cuestionó la legalidad del procedimiento y recordó que Yapura “no está imputada”.
“No hubo explicaciones de por qué debía aportar ADN. Había requisitos fijados por la Corte Suprema que aquí no se cumplieron”, señaló Garrido, quien además habló de “violencia institucional”. También destacó la actitud de Yapura durante el operativo: “Mantuvo su reclamo por sus derechos pese a la violencia que estaba sufriendo”.
Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue el testimonio de Clemente Vera, quien aseguró que la situación impacta profundamente en sus hijos. “Ver llegar a la Policía y cómo actuaron con su madre fue muy doloroso”, expresó brevemente. El cierre estuvo a cargo de Beatriz Yapura, quien lanzó un desesperado pedido. “Lo único que quiero es que nos dejen vivir en paz”, afirmó.
Finalmente, dejó la frase más fuerte de toda la conferencia: “Vinieron por Clemente, vienen por mí, mañana van a venir por mis hijos”. El caso remite al asesinato de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, halladas sin vida en la Quebrada de San Lorenzo en julio de 2011. La investigación derivó en condenas y años de controversias judiciales, con cuestionamientos sobre el proceso, las pruebas y las detenciones. En ese contexto, Vera pasó más de una década detenido.