Los legisladores que responden a los gobernadores de Jujuy y de Corrientes, fueron determinantes para que el oficialismo convirtiera en ley el consenso fiscal.
BUENOS AIRES.- Con el respaldo de los diputados que responden a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdéz (Corrientes), el oficialismo logró este jueves en la Cámara de Diputados la sanción del Consenso Fiscal 2021, que fue firmado en diciembre del año pasado por el Gobierno nacional y 21 provincias.
La votación resultó con 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Hubo un fuerte rechazo por parte de la mayoría del interbloque Juntos por el Cambio, en contra de la creación o el aumento de impuestos, pese a que tres gobernadores de la UCR había suscripto el documento. Tampoco acompañaron los bloques de la extrema: La Libertad Avanza, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda.
El mensaje es el siguiente. Ante un recorte de fondos nacionales hacia las provincias, el Frente de Todos impulsó que las provincias puedan aumentar impuestos locales para compensar el ajuste de los fondos nacionales. A partir de este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y Sellos.
Junto al Frente de Todos votaron afirmativamente los radicales Julio Cobos (Mendoza), Jorge Rizzotti, Gustavo Bouhid (Jujuy), Jorge Vara (Corrientes) y Fernando Carbajal (Formosa). También lo hizo la correntina del Pro Sofía Brambilla.
Además del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas, también acompañaron el neuquino Rolando Figueroa (MPN) y el santacruceño Claudio Vidal (SER).
En tanto, las abstenciones fueron de los radicales mendocinos Pamela Verasay, Jimena Latorre y Lisandro Nieri; y del catamarqueño Francisco Monti, también de la UCR.
Tras casi ocho meses sin tratarse, el Senado apuró en agosto pasado la aprobación del proyecto, ante las versiones de un posible ajuste en las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Luego de un mes, este jueves la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva.
El debate
Al abrir la ronda de oradores el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”, y resaltó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.
“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, insistió Heller.
De la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal de 2017 al que calificó de “histórico” porque “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”. “Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
Complementó el radical cordobés Víctor Hugo Romero, quien reivindicó parte de lo actuado en la gestión anterior, al recordar que en 2016 las provincias recuperaron la detracción del 15% que se hacía desde 1997 y que iba a la ANSeS, generando “desequilibrio en las finanzas provinciales”. El legislador citó el Consenso Fiscal suscripto por esa administración en noviembre de 2016, y recordó que esos pactos “se firman convencidos por el gobernador, pero además deben ser ratificados por cada Legislatura”.
“Pero este esfuerzo no era en vano: había una garantía en la seguridad jurídica de la Coparticipación”, aclaró Romero, que habló a continuación de los compromisos entre las provincias y la Nación, aunque reconoció que “hubo dos temas importantes que no se cumplieron: “Se comprometieron a trabajar en una nueva ley de coparticipación, que garantice la distribución federal de los recursos, y eliminar los subsidios diferenciales en el AMBA”.
“Hoy llegamos al Consenso 2021, que en el enunciado es muy parecido -continuó-. Todos hablan de lograr políticas de desarrollo, pero este es totalmente distinto. Este Consenso no suspende lo que fue las distintas adendas de consensos anteriores en las obligaciones; este directamente las deja definitivamente de lado y fija nuevos parámetros, superiores a los que están vigentes hoy: ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios y se da la posibilidad de legislar sobre el impuesto a la herencia. Y además se flexibiliza los compromisos en materia de responsabilidad fiscal”. “Por eso digo que es completamente distinto a lo que fue la base del consenso 2017”, lamentó Romero.
A su turno, el oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos) sostuvo que “esto tiene origen en lo que fue el Consenso Fiscal 2017, que firmaron el entonces presidente con los gobernadores”, y contradijo a los diputados opositores preopinantes porque “en aquel momento se planteaba una baja de impuestos gradual en el ámbito de las jurisdicciones provinciales”, lo que “claramente significaba un desfinanciamiento para las arcas de las provincias en un contexto del 2017, donde el presidente firmante claramente utilizaba la herramienta del endeudamiento interno y externo de la Argentina”.
En el último tramo de su discurso, Casaretto remarcó que “la baja de impuestos es facultad de cada provincia y de cada Legislatura provincial”, motivo por el que respaldó el proyecto del Ejecutivo porque “no dispone ningún aumento de impuesto para nadie”.
“Y como hay representación política diversa en las administraciones provinciales, ya que a algunos les parece tan ineficientes ingresos brutos, que representa 60, 70% de la recaudación, avísenle a los de su partido, por ejemplo, a (Horacio Rodríguez) Larreta en la Capital, que derogue el impuesto a los ingresos brutos, avísenle al gobernador de Jujuy, al de Corrientes, al de Mendoza que elimine todos esos impuestos distorsivos hoy, y que libere a los ciudadanos de esas provincias de esas limitaciones”, lanzó con un tono de voz elevado el diputado y remató: “Si no cuando gobiernan tienen una actitud, y cuando se sientan en la banca tienen una actitud populista de decir nosotros les queremos bajar los impuestos a los contribuyentes, y los peronistas se los quieren aumentar”.
Por el contrario, su coterráneo Rogelio Frigerio (Pro) destacó que el Consenso Fiscal 2017 fue “el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante”, y explicó que “ese acuerdo partía de un diagnóstico común, el primero era que en la argentina y en todos los niveles de gobierno se gastaba más de lo que se podía afrontar”.
“El otro consenso era que teníamos una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, a los que generan empleo y a la sociedad toda, y que también era menester empezar a bajar. Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años en empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Además, pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictivo, no podía subir más que el índice de precios al consumidor”, explayó Frigerio.
A su vez, señaló que “para algunos ese acuerdo fiscal fue insuficiente”, pero ponderó que “más allá de esas divergencias, nos pusimos de acuerdo en un camino que iba al norte correcto”. En ese sentido, comparó que “hoy ese diagnóstico ha empeorado significativamente, tenemos más déficit, gastamos más y peor y tenemos mayor presión impositiva que en aquel momento. Sin embargo, en lugar de ratificar ese rumbo, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que da marcha atrás”.
Por último, volvió a destacar el Consenso Fiscal de 2017 y la reforma tributaria nacional del mismo año porque “fueron los dos últimos intentos de reducción impositiva en las últimas dos décadas en la Argentina”. “Lo que se está por votar hoy no es una buena noticia para los que trabajan, los que producen, los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo. Esta ley va en contra de esta necesidad que tiene la argentina de crear condiciones efectivas para la radicación de inversiones y la generación de empleo genuino”, criticó el diputado entrerriano.
Por el lado de los libertarios, José Luis Espert (Avanza Libertad)llamó al Consenso Fiscal “cartelización fiscal” porque “si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos”.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
“Desde el bloque La Libertad Avanza vamos a rechazar esta basura de Consenso”, lanzó eufórico el diputado Javier Milei al tiempo que advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
Y cerró: “Comparto lo que mi gobernador firmó y lo que las legislaturas provinciales firmaron. Voy a acompañar este proyecto porque, más allá de las críticas que hice, a este federalismo que pretenden justificar como federalismo seguramente va a servir mucho para mi provincia”.
En nombre de Republicanos Unidos el diputado Ricardo López Murphy quien señaló que “el impuesto al sello es insólito que se siga creyendo que es un mecanismo idóneo”, y lanzó: “Estamos en un impuesto inflacionario extraordinario que recauda el doble del IVA y no hay otro país que lo tenga y con la eliminación de ceros solo se conduce a la devaluación, no es ese el camino porque no hay salida”. El porteño señaló que “las provincias tienen que ver cómo financiar a la Nación, y acá la Nación está quebrada. No hay plata para todo y tenemos un déficit que esconden”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró el debate con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos. En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
Puntos principales sobre el Consenso Fiscal
El documento se firmó el 27 de diciembre de 2021. No adhirieron las provincias que originalmente no lo habían hecho -San Luis y La Pampa- y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un litigio con Nación por el tema de la coparticipación.
A partir del nuevo Consenso Fiscal, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos.
Sobre Ingresos Brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota.
Sobre Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario; y abre la posibilidad a que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires.
Las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital, establece.