Tras dos audiencias realizadas entre el 3 y el 12 de diciembre, la Justicia homologó condenas contra el hijo del exintendente de Morillo, un comerciante y un gendarme, en la causa por el robo y contrabando de rieles del Belgrano Cargas.
La investigación por el robo sistemático de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, su contrabando hacia Bolivia y el presunto pago de coimas continúa generando repercusiones judiciales en el norte salteño. Entre el 3 y el 12 de diciembre pasado, la jueza de Revisión Mariana Catalano homologó acuerdos de juicio abreviado que culminaron con tres condenas, mientras que resolvió la elevación a juicio del exintendente de Coronel Juan Solá -Morillo-, Atta Miguel Gerala, y de un oficial de la Policía.
Los procedimientos se realizaron a pedido del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes impulsan la causa desde noviembre de 2024.
El primer acuerdo, resuelto el 3 de diciembre, alcanzó a Miguel Gerala, hijo del exintendente. Fue condenado a 6 años de prisión como coautor de contrabando agravado por la cantidad de partícipes, el uso de pasos no habilitados y el monto de la mercadería, en concurso con cohecho activo y robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda.
En la misma audiencia, también fue condenado el comerciante David Edilberto Medina a 6 años de prisión por contrabando agravado, encubrimiento de contrabando y cohecho activo. Además, se lo inhabilitó por cinco años para ejercer el comercio.
El 12 de diciembre, se homologó otro acuerdo abreviado que derivó en la condena del sargento de Gendarmería Nacional Jorge Fernando Cabrera, quien recibió 2 años de prisión condicional por cohecho pasivo.
En una resolución paralela, la jueza Catalano declaró admisible la acusación penal contra el exintendente Atta Gerala, quien deberá enfrentar un juicio oral por contrabando triplemente agravado, robo agravado y malversación de caudales públicos. La expectativa de pena estimada por el tribunal asciende a 11 años de prisión.
La misma medida se aplicó al oficial ayudante Mauro Daniel Alejandro Rodríguez, jefe del Destacamento de Pluma de Pato al momento de los hechos, acusado de cohecho pasivo, para quien se espera una pena cercana a los 3 años. La magistrada subrayó la complejidad del proceso, que será ventilado ante un tribunal colegiado.
La causa se inició el 23 de agosto de 2024, luego de que personal del Correo Argentino reportara como sospechoso el envío de más de 480 cubiertas asociadas al comerciante Medina, quien ya contaba con antecedentes por encubrimiento de contrabando.
Mediante escuchas telefónicas y operativos de campo, se determinó que el comerciante ingresaba ilegalmente neumáticos desde Bolivia y, posteriormente, incursionó en la exportación clandestina de material ferroso. Allí surgió la pista de los rieles sustraídos del ramal C-25, entre las estaciones de Padre Lozano y Morillo.
Como los rieles son patrimonio federal y existe una prohibición de exportación de material ferroso (Decreto 70/23), la fiscalía profundizó la investigación para identificar a los proveedores.
Las pesquisas determinaron que Medina recibía los rieles robados por una organización encabezada por Miguel Gerala, quien se jactaba de manejar una estructura en la zona y de contar con logística para trasladar el material a un galpón en Orán.
A mediados de 2024, una denuncia directa apuntó al hijo del intendente como responsable de los saqueos. El análisis de comunicaciones y videos permitió confirmar su participación, junto con integrantes de comunidades originarias, a quienes les pagaba 10 mil pesos por cada extracción. Las maniobras se realizaban en distintos horarios, incluso de noche, con grupos electrógenos.
Según la fiscalía, el policía Rodríguez «liberaba la zona» para facilitar los robos, mientras que parte del material era almacenado en predios municipales y en la vivienda particular de Atta Gerala, donde se secuestraron 15 rieles valuados en cerca de 19 millones de pesos.
Finalmente, los rieles eran trasladados a Bolivia a través de una finca privada con salida directa al país vecino. En esa etapa intervenía el gendarme Cabrera, quien mantenía despejada la ruta para permitir el paso de los camiones.
Para el fiscal Villalba, la acusación cuenta con un «caso sólido» respaldado por evidencias materiales, escuchas telefónicas, registros audiovisuales y múltiples testimonios, los cuales vinculan directamente a los imputados con la estructura criminal.
El rol político del exintendente, destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de su imputación, es considerado un elemento agravante central en el expediente.