BUENOS AIRES.- El gobierno nacional definió que el aumento de las jubilaciones volverá a depender de la voluntad del presidente Alberto Fernández, quien otorgará el incremento a través de un DNU. El monto se dará a conocer la semana que viene.
El Defensor de la Tercer Edad, Eugenio Semino, especialista en el tema y siempre crítico ante medidas que afectan al sector más castigado, se expresó sobre «el abuso y el maltrato» que sufren los adultos mayores.
El porcentaje que trascendió ronda el 7% u 8% aplicado por un DNU, medida que viene siendo implementada desde principio de año, al dejar sin efecto la Ley de movilidad establecida por el Congreso en la gestión anterior.
El referente expresó: “En los reajustes de marzo y junio, los jubilados y pensionados ya perdieron respecto a los índices de inflación. Y ahora volverían a perder. El mes que viene correspondería un 9,8% de aumento con la ley suspendida y se habla que la cifra ronde entre el 7 y 8%”.
Además se explayó e indicó: “En junio lo que hubiera correspondido era un 11% y ajustaron un 6%, y también perdieron aún los que cobran la mínima, cosa que no ocurrió en marzo donde estos quedaron en 11,56% pero todas las demás categorías fueron discriminadas por aplicarse índices decrecientes”.
“La única política de Estado permanente en la Argentina es el recorte a jubilados. Este año irán perdiendo 15% algunas categorías y hasta 10% otras. No hay recomposición alguna. Cuando hablamos del 10% en 16 mil pesos son 1.600 pesos. Un cálculo de 50 pesos por día. “Es abuso y maltrato contra los adultos mayores por parte del Ejecutivo”.
Semino en varias oportunidades se ha mostrado crítico con la actitud del Estado frente a un sector por demás vulnerable, ante la utilización de decretos para otorgarles aumentos, ahora establecido como norma para todo el año.
Ha explicado que hay una regresividad en el derecho remarcando que en los aumentos por decreto hay una violación de la Constitución Nacional.
En cada nuevo anuncio se repite «la falta de respeto a las jubilaciones mínimas», panorama agravado por el aislamiento social obligatorio que tiende a profundizar efectos de exclusión en estos sectores, para los cuales no ha habido antes ni hay todavía políticas de efectiva inclusión social.
La agenda política no podrá reducirse por mucho tiempo más a anuncios de porcentajes o planes, para enfrentar escenarios de extrema vulneración de derechos, en este caso los adultos mayores, gran deuda del país y sus dirigentes.
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