La organización civil Fundación Apolo – Bases para el Cambio presentó una denuncia penal federal contra la rectora Natalia Celeste Álbarez Gómez, acusándola de haber asumido el cargo sin cumplir los requisitos legales exigidos por la Ley de Educación Superior N.º 24.521 y el Estatuto de la Universidad.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
La presentación, firmada por el diputado porteño Yamil Darío Santoro (Republicanos Unidos) y el asesor legal de la fundación Apolo José Lucas Magioncalda, fue radicada ante el Juzgado Federal de La Rioja y apunta a posibles delitos de usurpación de autoridad pública (art. 246 del Código Penal) e incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del mismo cuerpo legal).
La denuncia no solo involucra a la rectora sino también a la Junta Electoral General de la UNLaR, por haber oficializado su candidatura a pesar de las impugnaciones que advertían su falta de idoneidad y legitimidad para el cargo.
Qué se discute en Tribunales
La denuncia penal de Fundación Apolo (cuyo director es Santoro) convierte en causa judicial un conflicto que hasta ahora se debatía dentro de la universidad y el ámbito gremial. Según el texto presentado, Álbarez Gómez habría sido oficializada como candidata a rectora sin contar con un cargo docente concursado, requisito ineludible establecido por el artículo 54 de la Ley de Educación Superior.
“Para acceder al cargo de rector se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional”.
En esa línea, la denuncia subraya que el requisito no es una formalidad sino una condición previa de elegibilidad, lo que implica que ningún proceso interno de autonomía universitaria puede contradecirlo.
La cronología del caso
El documento reconstruye los hechos que derivaron en la actual conducción universitaria:
- Resolución Rectoral Nº 320/2024: convocó a elecciones generales en la UNLaR (08/07/2024).
- Resolución Nº 21/2024 de la Junta Electoral General (26/09/2024): oficializó la candidatura de Álbarez Gómez, pese a impugnaciones presentadas por agrupaciones docentes.
- Impugnación de “Universitarios Unidos”, que fue rechazada mediante Resolución Nº 30/2024 de la Junta Electoral (29/09/2024).
- Recurso de apelación al Consejo Superior, conforme al art. 46 del Reglamento Electoral, que no fue tratado por falta de quórum (12/08/2024).
- Elección realizada el 29 de octubre de 2024, en la que Álbarez Gómez fue electa.
- Asunción del cargo en diciembre de 2024.
Según los denunciantes, la candidatura de la actual rectora se sustentó en una resolución departamental irregular (Res. 144/21) que la reconoció como docente ordinaria sin haber accedido por concurso público de antecedentes y oposición, violando la Ley 24.521 y el Estatuto Universitario.
Lo que sostiene Fundación Apolo
La Fundación Apolo argumenta que la rectora carecía de los requisitos mínimos para asumir el cargo y que su oficialización como candidata constituye una vulneración directa al orden legal nacional.
“La autonomía universitaria no puede ser entendida como soberanía. Las universidades nacionales están sujetas a las leyes de la Nación, y sus autoridades deben reunir las condiciones establecidas por la Ley de Educación Superior” (texto de la denuncia)
Además, responsabiliza a la Junta Electoral General de la UNLaR por el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al haber autorizado la candidatura a pesar de las impugnaciones que alertaban sobre la falta de concurso docente.
Los artículos del Código Penal aplicados
La denuncia se apoya en dos tipos penales concretos:
- Art. 246 del Código Penal: sanciona a quien ejerce funciones públicas sin título o nombramiento válido.
- Art. 248 del Código Penal: castiga al funcionario público que dicta resoluciones contrarias a la ley o no cumple las normas que debe observar.
De comprobarse, la conducta podría derivar en inhabilitación para ejercer cargos públicos e incluso en una causa penal federal de mayor alcance, por tratarse de una universidad nacional.
Conexiones con causas anteriores
La denuncia se vincula directamente con el expediente judicial 12406/2024, iniciado por los docentes Eduardo Nicolás Delgado y Daniel Bermejo, patrocinados por el abogado Omar Flores Gallego. En ese proceso, los actores solicitaron que se declare la inaplicabilidad de las resoluciones que habilitaron el proceso electoral, bajo el mismo argumento: la falta de cumplimiento del requisito de profesor concursado.
El juez Daniel Herrera Piedrabuena rechazó en su momento la medida cautelar, pero la causa sigue abierta en sede federal.
Un nuevo elemento: el concurso en ejercicio
El conflicto se agravó en junio de 2025, cuando se conoció el Acta de cierre de inscripción del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Ese documento confirma que la rectora Álbarez Gómez se inscribió como postulante a un concurso docente para las materias Planificación y Gestión de Políticas Públicas y Práctica Profesional Supervisada: Seminario de Tesis, mientras se encontraba en funciones como rectora.
La inscripción contradice expresamente el artículo 5 inciso e) del Reglamento General de Concursos Docentes (Ord. 032/2014), que dispone:
“En caso de que un aspirante esté ejerciendo un cargo directivo (Rector, Vicerrector, Decano…), el concurso de ese cargo permanecerá en suspenso mientras dure su mandato.”
Este hecho —agrega el texto de Apolo— ratifica la presunta continuidad de la irregularidad que comenzó con su asunción y que ahora se extiende al ejercicio del cargo.
El rol del gremio ADIUP
El gremio docente ADIUP–UNLaR ya había advertido sobre la situación a través de presentaciones formales (Expedientes 00-07665/2025 y 00-07194/2025). En ellas, exigió que cualquier modificación del reglamento de concursos sea discutida en el ámbito de las paritarias de nivel particular, como lo establece el Convenio Colectivo Docente Universitario (Dec. 1246/2015, art. 70).
ADIUP denunció la maniobra como “nula e ilegal” y alertó que representa un retroceso institucional grave, evocando la crisis de 2013, cuando la UNLaR debió ser normalizada tras masivas protestas internas.
Con la aparición del acta de inscripción y la denuncia penal de Fundación Apolo, la posición gremial se ve reforzada: el reclamo dejó de ser político y pasó a tener sustento judicial y probatorio.
¿Qué puede pasar?
- Si la Justicia Federal avanza con la investigación penal, la rectora podría enfrentar imputación formal e incluso medidas cautelares que limiten el ejercicio de su cargo.
- El Consejo Superior podría verse forzado a convocar una sesión extraordinaria para revisar la legitimidad del mandato y la validez de los actos administrativos dictados durante su gestión.
- El Ministerio de Educación de la Nación podría intervenir en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 24.521, si se determina que se violaron las condiciones de elegibilidad.
Implicancias institucionales
El caso UNLaR trasciende los límites provinciales. Si prospera la denuncia, podría sentar un precedente en el sistema universitario argentino, donde la autonomía institucional no puede oponerse al principio de legalidad nacional.
Además, plantea un dilema de fondo: ¿hasta qué punto las universidades pueden modificar sus reglamentos internos sin contradecir las leyes que las rigen?
“No se trata de un ataque a la autonomía universitaria, sino de la defensa de la legalidad pública”, .
Panorama
La denuncia penal contra Natalia Celeste Álbarez Gómez abre una nueva etapa en el conflicto que sacude a la Universidad Nacional de La Rioja. Con una investigación judicial en curso, presentaciones gremiales documentadas y pruebas oficiales que confirman la inscripción de la rectora en concursos docentes durante su mandato, el caso se consolida como uno de los más graves desafíos institucionales en la historia reciente de la UNLaR.
El desenlace dependerá de la actuación del Poder Judicial, del Consejo Superior y del Ministerio de Educación. Lo que ya parece inevitable es que el caso traspasó los muros universitarios y se instaló en la agenda nacional.