El texto establece que el Gobierno deberá actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades y recomponer los salarios de docentes y no docentes con retroactividad a diciembre de 2023, e incorporar las sumas no remunerativas a los básicos.
BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados aprobó nuevamente —por 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones— un proyecto de ley que busca asegurar fondos para las universidades públicas. Se trata de una propuesta similar a la sancionada en 2024, pero vetada por el presidente Javier Milei.
La iniciativa fue impulsada por bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Ahora deberá ser tratada en el Senado.
El texto establece que el Gobierno deberá actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades desde enero de 2025 según la inflación, y hacerlo de forma bimestral durante ese año. También ordena recomponer los salarios de docentes y no docentes con retroactividad a diciembre de 2023, e incorporar las sumas no remunerativas a los básicos.
Además, exige paritarias obligatorias con actualizaciones mensuales, una mejora automática de becas estudiantiles y una partida especial para el sistema científico y de investigación.
Desde la oposición, Blanca Osuna (UxP) señaló que la norma busca “dar auxilio” al sistema universitario y acusó al Gobierno de incumplir leyes vigentes. Hugo Yasky advirtió sobre la pérdida de docentes por los bajos salarios y defendió el rol de la universidad como “motor del ascenso social”.
Danya Tavela (Democracia para Siempre) habló de un “ajuste histórico” y dijo que la situación actual supera incluso la vivida en los ‘90. Martín Tetaz (UCR) advirtió que sin inversión en educación, “Argentina está destinada al subdesarrollo”.
Desde el oficialismo, Álvaro Martínez (LLA) cuestionó el proyecto y defendió las partidas actuales, afirmando que en 2024 se giraron más de 3,8 billones de pesos a las universidades, con aumentos del 270%. Aseguró que la intención del Gobierno es “ordenar el sistema” y evitar que la educación se use para alimentar “estructuras políticas corruptas”.
Alejandro Finocchiaro (PRO) y Nadia Márquez (LLA) se sumaron a las críticas, defendiendo el ajuste fiscal y cuestionando el rol político de algunos sectores del sistema universitario.
El futuro del proyecto ahora queda en manos del Senado.