El juez Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero por administración fraudulenta, mediante facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El último lunes del mes de julio llegó con novedades judiciales. El juez Sebastián Casanello procesó al líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fueron procesados 16 «compañeros» del PO.
Casanello afirmó que Belliboni desvió fondos recibidos en el marco del Plan Potenciar Trabajo y que, al menos una parte, fue utilizada para financiar al movimiento. También advirtió que el piquetero usó facturas truchas y la empresa fantasma Rumbos (sin actividad real) para “dibujar” gastos y transformar así los subsidios en una “caja partidaria”.
El fallo también establece el procesamiento de otras 16 personas por delitos como la defraudación y amenazas coactivas. Al líder del Polo Obrero se lo embargó por $390.000.000, cifra que se estima fue la que involucró la facturación apócrifa. Enfrenta una condena de entre 2 (dos) y 6 (seis) años de prisión.
El procesamiento involucra además de Belliboni, a los referentes Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
También se incluyen en la causa a María Isolda Dotti y Gianna Puppo, contra quienes pesa el procesamiento no sólo por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. Acusación a la que Casanello suma a Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
El magistrado federal, incluyó además a Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y las amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia político-partidaria”, sostiene el fallo federal.