Casi todos los municipios de la provincia tendrían serios conflictos sociales en la próxima gestión si la provincia no acomoda los números junto a los intendentes electos.
TUCUMAN.- La salida del pacto fiscal que anticipó el gobernador electo Osvaldo Jaldo es imposible sin una modificación del régimen de coparticipación actual. La mayoría de los municipios tucumanos no estarían en condiciones de pagar sueldos y se desataría una catástrofe social.
Los intendentes de Juntos por el Cambio Sebastián Salazar (Bella Vista), Mariano Campero (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción) analizaron en los últimos días con sus equipos técnicos cómo fue el envío de fondos desde la provincia hacia todos los municipios entre enero y julio en concepto de pacto social y lo que deberían haber percibido según el régimen de coparticipación vigente. Las diferencias fueron abismales y la discriminación hacia municipios opositores fue contundente.
Los alcaldes opositores analizan presentar un recurso en la justicia provincial y otro en el federal para terminar con la discrecionalidad en el reparto de fondos. Porque hay otra cuestión, además, que tiene que ver con la categorización de los municipios, una deuda pendiente del gobierno provincial.
El Gobierno de la provincia giró como fondos reintegrables –ahora denominado Convenio Consensuado de Fondos Unificados– un total de 65.200 millones de pesos a 17 de los 19 municipios entre enero y julio de este año. Sólo San Miguel de Tucumán y Burruyacu no están adheridos a este convenio, es decir, se mantienen con lo que perciben por coparticipación.
La gran diferencia es cuando se contrastan esos 65.200 millones enviados con lo que deberían haber percibido sólo por coparticipación: 39.931 millones de pesos. Es decir, el gobierno de la provincia asistió a los municipios por un 63,5% más de lo que les correspondía con el actual régimen de coparticipación.
Antes de dar algunos ejemplos cabe recordar que los convenios, como su nombre lo indican, lo negocian directamente los intendentes con el ministro del Interior y vicegobernador electo, Miguel Acevedo, y son para el pago de sueldos y gastos de funcionamiento. Quizá esa sea la explicación cabal de por qué la discriminación a los municipios opositores.
Algunos ejemplos: La Municipalidad de Banda del Río Salí comandada por Darío Monteros debería haber recibido, entre enero y julio, $2.276 millones por coparticipación, pero la provincia le giró fondos por $9.150 millones (302%) más $26 millones más para el Consorcio Público Metropolitano (basura). ¿Cómo haría Banda del Río Salí para subsistir sin el pacto social? Es un misterio.
Otros ejemplos en el mismo lapso de tiempo: Famaillá debería haber recibido $1.375 millones pero la provincia le mandó $7.023 millones (425%); a Aguilares le correspondían $1.927 millones pero le acreditaron $7.222 millones (274%); Monteros tenía que percibir $1.879 millones pero cobró $5.914 millones (215%). Un caso similar es el de Alberdi que recibió $5.103 millones cuando le tocaban $1.269 millones por coparticipación, es decir, un 302% más.
A Lules le correspondían $1.630 millones pero le mandaron $4.979 millones (205%). Tafí Viejo hubiese recibido $2.109 millones por coparticipación pero le acreditaron $4.890 millones (131%). A Tafí del Valle le hubiesen tocado $914 millones pero recibió $3.019 millones (230%). Alderetes percibió $2.925 millones cuando le hubiesen correspondido $1.199 millones (143%). Recién en el décimo lugar del ránking aparece el primer municipio opositor: Yerba Buena recibió $2384 millones por convenio mientras que por coparticipación hubiese recaudado $1.478 millones (61%).
Simoca recibió $2.263 millones pero le correspondían $1.325 millones (71%). A Las Talitas le giraron $1.410 millones pero por coparticipación hubiese recibido $504 millones (181%). Trancas, el municipio natal del gobernador electo Osvaldo Jaldo, recibió $1.852 millones pero sólo le correspondían $484 millones (282%). Graneros y La Cocha recibieron poco más de $1.600 millones cada uno cuando por coparticipación hubiesen cobrado poco menos de $900 millones cada uno (81%).
Cierran la tabla Bella Vista y Concepción. Al municipio comandado por Sebastián Salazar le hubiesen correspondido $1.444 millones y la provincia le giró $1585 millones, apenas un 10% más. Casi igual.
Pero Concepción salió perdiendo con el pacto social. Por coparticipación hubiese percibido $2.067 millones de pesos y la provincia sólo le mandó $1.998 millones (-3,5%).