La fiscalía buscará ante la Corte, que se sume el delito de asociación ilícita a la condena de la ex-vicepresidente.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Luego de que la Cámara de Federal de Casación Penal confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el fiscal Mario Villar, adelantó que presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), para que se considere la figura de jefa de asociación ilícita en el «Caso de Vialidad». Este delito, de ser admitido, agravaría la pena de la ex-presidente, llevándola a 12 años de prisión.
El fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, que ratificó la condena por corrupción contra la ex-mandataria, descartó la inclusión de asociación ilícita por decisión de la mayoría de los jueces.
En coincidencia con el fiscal de juicio, Diego Luciani, Villar sostiene que las pruebas demuestran la existencia de una organización delictiva encabezada por Cristina Kirchner, que operó durante 12 años desviando fondos públicos a través de licitaciones fraudulentas.
El fallo de la Cámara de Casación indica que: entre 2003 y 2015 se desarrolló un esquema sistemático en Santa Cruz para la adjudicación de obras viales a empresas vinculadas a Lázaro Báez. Estas compañías, consideradas “un holding creado para este propósito”, crecieron exponencialmente gracias al direccionamiento de contratos estatales.
El Ministerio Público Fiscal considera que este esquema no fue una simple negligencia administrativa, sino una asociación ilícita diseñada para saquear los recursos del Estado. Los fiscales argumentan que cada una de las 51 licitaciones viales investigadas constituyó un delito individual, lo que refuerza la idea de múltiples planes delictivos, un requisito esencial para configurar la figura de asociación ilícita.
El fisca Villar también apelará la absolución de Julio De Vido, ex-ministro de Planificación, quien fue señalado como una pieza fundamental en el esquema de corrupción.
La estrategia de la fiscalía apunta a endurecer las condenas y establecer un precedente legal que reconozca la gravedad y la sofisticación de este tipo de delitos en la administración pública.