El PEN presentará hasta el martes, un «paquete» de medidas desregulatorias, antes de que expire el plazo otorgado por la Ley Bases….
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- A las 23:59 del martes 8 de julio, termina la vigencia de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), para realizar desregulaciones y reformas en la administración del Estado.
La nuevas medidas están siendo ultimadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica, liderada por María Ibarzábal Murphy.
Esta ría previsto implementar la pérdida de autarquía de organismos descentralizados como el INTA y el INTI, que dejarían de depender del Ministerio de Economía para pasar a estar bajo la órbita de las Secretarías de Agricultura y Secretaría de Industria. Lo que va a generar recortes presupuestarios, despidos de personal y venta de patrimonio en distintas provincias.
Sturzenegger cuestionó el funcionamiento de estos entes: “El INTA tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”, también destacó que “los organismos descentralizados tienen caja propia, y eso los convierte en estructuras con incentivos para crear trámites que les permitan recaudar”.
Otra medida relevante es la fusión del ENRE y Enargas, que se convertirían en el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad, bajo la Secretaría de Energía, conducida por el ministro Luis Caputo.
En materia de infraestructura, el Gobierno avanza también con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y el desguace de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito. Algunas funciones serían absorbidas por la Secretaría de Transporte, y otras podrían quedar en manos de Gendarmería Nacional.
A su vez, se prevé la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte, con competencias de fiscalización de contratos y concesiones. Esta reestructuración busca trasladar a las provincias parte de la obra pública nacional, aunque no está claro con qué recursos presupuestarios contarán para ello.
Desde el oficialismo sostienen que la desregulación permitirá avanzar en eficiencia: “En un año y medio logramos ahorros por USD 2.000 millones que volvieron a la gente”, dijo Sturzenegger.
El 8 de julio será clave para el Ejecutivo, que buscará mostrar una última tanda de decretos y resoluciones dentro del marco legal vigente, antes de que expire una de las herramientas centrales que le otorgó el Congreso para gobernar durante este año.