Los delitos imputados a Ortega y a su esposa Rosario Murillo, incluyen asesinatos, desapariciones, torturas y persecución política.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la tarde del lunes el juez federal Ariel Lijo, dictó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La medida se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a cualquier país procesar crímenes de lesa humanidad independientemente del lugar en que hayan ocurrido. Los delitos imputados incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y persecución política.
La denuncia fue presentada en 2022 por un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ante los tribunales de Comodoro Py. Según el abogado denunciante Darío Richarte, el régimen nicaragüense es “tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”. La investigación detalla un “plan criminal de represión” vigente desde 2018, basado en testimonios de víctimas y reportes que documentan el uso sistemático de fuerzas estatales y paramilitares para silenciar la oposición.
El juez también ordenó la captura de varios integrantes de su estructura estatal, policial y militar. La denuncia se amplió con el tiempo a medida que se registraron nuevas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, aprobó reformas que consolidan el poder absoluto del régimen, dificultando cualquier tipo de oposición política o judicial en el país.
La dictadura de Ortega también fue señalada por otras polémicas, como la promulgación de la “ley mordaza”, que criminaliza publicaciones que generan “alarmas” en redes sociales, castigándolas con hasta cinco años de prisión. En el ámbito internacional, Ortega expresó su apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro, incluso ofreciendo “combatientes sandinistas” en caso de una guerra civil en Venezuela.
Por la presión de Estados Unidos, Ortega liberó recientemente a 135 presos políticos, quienes fueron acogidos en Guatemala. Desde Washington calificaron esta acción como un gesto humanitario hacia personas “injustamente detenidas”.
La medida judicial impulsada por Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refuerza el reclamo internacional de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen nicaragüense.