El reciente estreno de la serie «Menem», producida por Amazon Prime Video, dirigida por Ariel Winograd («El plan perfecto» y «El robo del siglo») y Fernando Alcalde («El secreto de sus ojos» y «Argentina, 1985»), sobre una idea de Mariano Varela («Psiconautas» y «Porno y Helado»), ha vuelto a poner en el centro del debate a uno de los presidentes más polémicos de la historia argentina. Con una narrativa atrapante y estética de ficción, la serie explora la figura de Carlos Saúl Menem entre glamour, poder, excesos y frases célebres. Sin embargo, detrás del brillo mediático y el relato dramatizado, queda una historia más profunda, documentada y aún pendiente de revisión: la del vaciamiento del Estado, la concentración del poder, la corrupción sistémica y las consecuencias sociales que aún persisten.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
A más de tres décadas del inicio del menemismo, la Argentina aún lidia con las consecuencias de un modelo que prometía estabilidad y modernización, pero dejó una herencia de desindustrialización, endeudamiento estructural, deterioro institucional y una sociedad partida en dos. Entre 1989 y 1999, Carlos Saúl Menem (vea su historia acá) encabezó un proceso de reformas drásticas que, bajo el lema de «reinsertar a la Argentina en el mundo», terminó por vaciar al Estado y entregar activos estratégicos al capital concentrado.
Menem asumió en julio de 1989 en medio del caos: una hiperinflación que superaba el 200% mensual, saqueos generalizados y un Estado en bancarrota heredado del gobierno del radical Raúl Alfonsín. Este contexto de emergencia nacional explica, aunque no justifica, lo extremo de las medidas que implementaría.
Privatizaciones y convertibilidad
Durante la primera mitad de los noventa, el menemismo ejecutó el mayor proceso de privatizaciones en la historia nacional. Más de 70 empresas públicas fueron vendidas: YPF (por apenas 3.000 millones de dólares, cuando valía al menos el triple), ENTEL, los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias, Gas del Estado, entre otras. Las consecuencias fueron inmediatas: despidos masivos, concentración monopólica y pérdida de soberanía energética, hídrica y territorial.
El Estado se desprendió de joyas estratégicas a precios vilmente subvaluados: ENTEL y los ferrocarriles siguieron un camino similar a YPF, generando un desempleo estructural estimado en más de 200.000 puestos de trabajo solo en el sector público y transfiriendo monopolios naturales a manos privadas, frecuentemente extranjeras o de ‘amigos del poder’ como el grupo SOCMA (Macri) o Pérez Companc.
La red ferroviaria pasó de 35.000 km (1948) a menos de 8.000 km en 1999. Ciudades enteras quedaron aisladas. El sistema de agua y energía fue transferido a manos privadas, generando aumentos tarifarios del 400% en solo cinco años.
Con la Ley 23.928 de Convertibilidad (1991), el ministro de Economía Domingo Cavallo estableció la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. La inflación cayó drásticamente (de 3.000% anual en 1989 a casi 0% en 1994), pero al costo de una desindustrialización acelerada: más del 40% de las fábricas cerraron. El desempleo saltó del 7% al 18,4% en solo cuatro años.
Si bien es innegable que la Ley de Convertibilidad (1991) logró en el corto plazo su objetivo primordial – erradicar la hiperinflación de manera fulminante y generar una década de estabilidad de precios -, este logro se construyó sobre cimientos frágiles. La paridad fija 1 a 1 con el dólar y la apertura indiscriminada convirtieron la estabilidad en un espejismo en el que Argentina se endeudó para sostener el modelo. La deuda externa pasó de 65.000 millones a 147.000 millones de dólares al final de la década.
A continuación se presenta un cuadro con las principales privatizaciones, concesiones y ventas de empresas estatales realizadas durante los gobiernos de Carlos Menem en Argentina. Se incluyen los datos más relevantes disponibles en fuentes acreditadas: nombre y sigla, rubro, fecha, instrumento legal, cantidad de empleados al momento de la privatización (cuando es posible), monto de venta, despidos antes y después, monto estimado que hubiera correspondido, causas judiciales y compradores o beneficiarios principales.
Ningún derrame
En 1991, la pobreza alcanzaba el 16% y la indigencia el 4%. En 1999, esos índices treparon al 30% y 12% respectivamente. Se perdieron 1.500 fábricas y surgieron los primeros movimientos piqueteros (Cutral-Có, 1996). El “Santiagueñazo” en 1993 fue la primera revuelta provincial contra el ajuste.
Mientras algunos sectores accedían a créditos y consumo, millones eran excluidos del mercado y del sistema de derechos. Los shoppings y los cartoneros coexistieron como dos caras del mismo modelo. El sistema previsional quedó debilitado tras la creación de las AFJP (1994), que desfinanciaron el sistema público en favor de fondos especulativos.
Corrupción sistemática
Entre 1991 y 1995 se exportaron 6.500 toneladas de armas en violación de embargos internacionales a Ecuador y a Croacia. Menem fue condenado en 2013, aunque la Corte Suprema lo absolvió en 2017 por prescripción. La explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero (1995) —con 7 muertos— fue, según la justicia, un intento de encubrimiento para eliminar pruebas.
En 1991 se vendió el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, mediante trámite exprés y a precio vil. En 2019 se condenó a Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo por el delito de peculado al igual Matías Lucas Ordoñez (ex presidente de la comisión de Venta de Inmuebles Estatales) y Gastón Ramón Figueroa Alcorta (ex interventor de la Administración General de Inmuebles Fiscales).
El 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la sede diplomática de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y más de 200 heridos. Fue el primer atentado terrorista internacional en suelo argentino y un antecedente directo del ataque a la AMIA. La causa quedó en manos de la Corte Suprema, que identificó la participación del grupo libanés Hezbollah con apoyo logístico de Irán. Sin embargo, nunca se juzgó ni condenó a ningún responsable. A más de tres décadas, el caso sigue impune y empañado por sospechas de encubrimiento y falta de voluntad política para avanzar en la investigación. Diversos sectores han denunciado la pasividad estatal frente a uno de los ataques más graves de la historia argentina.
En 1994 la estadounidense IBM obtuvo un contrato con el Banco Nación por u$s 250 millones para informatizar sus operaciones. Se denunciaron sobornos por 37 millones de dólares, pagadas a funcionarios del banco. Algunos funcionarios fueron procesados. La investigación se extendió durante años. IBM reconoció irregularidades fuera de Argentina.
La multinacional alemana Siemens pagó sobornos para quedarse con el contrato para la confección de los DNI en la Argentina en 1996. La empresa alemana Siemens admitió, en tribunales internacionales, haber pagado sobornos en Argentina para lograr la contratación para la gestión de Documentos Nacionales de Identidad. El caso se inició en 1998 y se reactivó en 2013, pero sin condenas a Menem. En septiembre de 2024 la Corte Suprema ratificó el cierre de la investigación.
Con el encubrimiento del atentado a la AMIA, la justicia comprobó pagos ilegales por 400.000 dólares al testigo Carlos Telleldín, destrucción de pruebas y protección a sospechosos internacionales. Menem fue juzgado pero absuelto. El atentado sigue impune.
Se denunciaron licitaciones amañadas, sobreprecios, contratos direccionados. Algunos empresarios ligados al poder recibieron obras y servicios del Estado sin controles. Fueron señalados José Luis Manzano, María Julia Alsogaray, Raúl Granillo Ocampo, entre otros.
Se investigaron desvíos de fondos en el sistema de obras sociales y en el PAMI. Pagos a prestadores inexistentes, afiliados fantasmas, sobreprecios en medicamentos. Procesamiento de funcionarios y directivos médicos.
Durante su mandato como senador, se comprobó que Menem autorizó pagos a empleados fantasmas y giró fondos públicos para viajes de lujo. Fue condenado en 2015, aunque no cumplió pena efectiva.
Se investigó el incremento patrimonial de Menem durante y después de su presidencia, sin justificación. Cuentas bancarias en Suiza, vehículos de lujo, propiedades. Fue procesado en 2001 y absuelto en 2013 por prescripción de la causa.
Muertes incomodas
El 23 de septiembre de 1989, Julio César Corzo, ex sindicalista, diputado nacional y ministro de Salud y Acción Social, falleció en un accidente aéreo cuando el Learjet en el que viajaba debió realizar un descenso de emergencia en el río Paraná, cerca del aeropuerto de Posadas (Misiones), en medio de una fuerte tormenta. Corzo quedó inconsciente y atrapado en la cabina semisumergida, muriendo ahogado tras sufrir un paro cardíaco. En la misma aeronave viajaban otros funcionarios y su secretario privado, Pedro Mediavilla, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Las investigaciones oficiales consideraron el hecho una tragedia fortuita sin indicios de conspiración o encubrimiento
El 15 de marzo de 1995, Carlos Facundo Menem, piloto automovilístico e hijo del presidente, murió al estrellarse el helicóptero Bell 206B JetRanger III que pilotaba en Ramallo, Buenos Aires, junto al piloto Silvio Oltra. La versión oficial atribuyó el accidente a que la nave chocó contra cables de media tensión a baja altura debido a una maniobra temeraria de Menem Jr., descartando fallas mecánicas o sabotajes. La causa fue archivada en 1998 como un accidente producto de imprudencia y fatalidad. Sin embargo, su madre, Zulema Yoma, sostiene que se trató de un magnicidio encubierto vinculado a redes de tráfico y servicios de inteligencia, basando su hipótesis en el desguace inmediato del helicóptero sin nuevos peritajes, la muerte o desaparición de al menos 14 personas relacionadas con la investigación, y la falta de avances concretos o detenidos. En 2010, tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pedido de la familia, la causa fue reabierta bajo la carátula de homicidio, confirmada en 2014 por la Corte Suprema, aunque hasta la fecha no se han producido detenciones ni avances sustanciales para esclarecer si fue un accidente o un atentado.
El 25 de enero de 1997, el fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, fue asesinado en General Madariaga (Buenos Aires) tras retratar al empresario Alfredo Yabrán, quien no permitía ser fotografiado y era investigado por su presunta implicación en casos de corrupción. Cabezas fue hallado esposado, con dos tiros en la cabeza y su cuerpo calcinado dentro de un auto incendiado . Este crimen, el primero de un periodista desde el retorno de la democracia, fue interpretado como un mensaje mafioso que desnudaba las conexiones entre el poder político, empresarios y servicios de inteligencia . La consigna «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un llamado nacional por justicia .
Alfredo Yabrán, señalado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo como «jefe de una mafia enquistada en el poder» durante el debate por la privatización del Correo Argentino en 1995 , era acusado de ser propietario de empresas como OCA, Edcadassa, Ocasa, Villalonga Furlong, Intercargo e Interbaires . El 20 de mayo de 1998, Yabrán, vinculado al poder menemista y señalado como autor intelectual del asesinato de Cabezas , se suicidó con un escopetazo en la boca en su estancia San Ignacio, Entre Ríos, cuando la policía llegó para detenerlo por orden del juez federal José Luis Macchi . La autopsia confirmó la causa del fallecimiento, y su rostro quedó irreconocible.
A esto pueden sumarse las muertes sospechosas de:
- Rodolfo Echegoyen (brigadier, ex jefe de la Fuerza Aérea), el 12 de diciembre de 1990, supuesto suicidio por arma de fuego, en medio de tensiones internas por la venta de armas y reorganización militar. Nunca se investigó a fondo.
- El 4 de octubre de 1998, Marcelo Cattáneo, de 41 años, apareció muerto en un descampado detrás de la Ciudad Universitaria (propiedad de la UBA, en Núñez), en la Costanera Norte. Estaba vestido de jogging y zapatillas, y había desaparecido el 30 de septiembre vestido con traje. En su boca tenía un recorte de diario sobre el caso IBM-Banco Nación, en el que estaba involucrado, acusado de pagar los sobornos.
- Horacio Estrada (capitán de navío retirado) apareció muerto de un balazo en la sien derecha -siendo que era zurdo-, el 25 de agosto de 1998. Estaba vinculado a la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
- La ex secretaria de Emir Yoma, Laura Di Natale había declarado en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia; su testimonio fue clave para procesar a Yoma y, más tarde, a Menem. El 1 de marzo de 2003, Di Natale cayó desde un décimo piso en Palermo mientras manipulaba cables, según la versión oficial. Inicialmente fue caratulada como “averiguación de suicidio” o accidente, la causa fue archivada y reabierta varias veces, aunque archivada nuevamente en 2012. En 2006, un informe de la Policía Federal indicó que podría haber sido empujada, tras una reconstrucción de la caída. En septiembre de 2015, la Corte Suprema ordenó reabrir la causa, cuestionando el archivo previo y la falta de pruebas.
Juegos de circo
Menem protagonizó entrevistas en bata, carreras en Ferrari, romances mediáticos y programas de entretenimiento político. Su figura se instaló como show permanente. Se privatizó el mensaje presidencial y se gobernó desde la TV.
Durante su gestión, se promovió la exportación de jugadores con pasaportes falsos, se fortaleció la alianza con Julio Grondona y se utilizó el Mundial ‘94 como estrategia de distracción. La cultura política se farandulizó y se trivializó la gestión pública.
El modelo no terminó
El menemismo no terminó con la salida de Menem en 1999. La Alianza (De la Rúa, Álvarez) heredó y profundizó los pilares fundamentales del modelo: mantuvo la Convertibilidad a pesar de la recesión iniciada en 1998, continuó el endeudamiento externo para financiar el déficit y evitó reformas estructurales. Esta continuidad convirtió a la Alianza en rehén y víctima final del legado menemista, desembocando inevitablemente en el estallido social de diciembre de 2001, el ‘corralito’ financiero y la mayor crisis institucional y económica de la historia argentina moderna.
Tres décadas después, el legado menemista sigue gravitando sobre la Argentina. La estructura económica concentrada y desindustrializada, la dependencia de los commodities y las importaciones, la precarización laboral, la debilidad crónica del Estado para regular servicios esenciales (como evidencian los reiterados conflictos con empresas privatizadas de agua, energía y transporte), y una cultura política que normalizó la impunidad y el ‘sálvese quien pueda’, son heridas abiertas de aquella década. Como afirma Martín Kulfas, el menemismo fue efectivamente ‘un proyecto de desnacionalización y concentración del ingreso’. Pero su impacto más perdurable quizás sea haber sentado las bases de una inestabilidad cíclica y una desconfianza institucional que la Argentina aún lucha por superar.
Tampoco puede escaparse de esta realidad el matrimonio Kirchner-Fernández, protagonistas y beneficiarios en su provincia del modelo menemista, que durante sus 16 años de gestión en la Nación solo consiguieron empeorar, aunque mostrando otra de las facetas del populismo.
Y hablando de herencias: ¿quién puede olvidarse de la elección de 2015 donde los tres principales candidatos eran herederos políticos de Carlos Menem? Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli.
Hoy, algunas figuras intentan reivindicar su legado. El presidente Javier Milei revive su discurso de liberalismo de shock, pero sin cuestionar el desastre institucional que dejó como herencia.
La república no puede sostenerse con mercadotecnia ni con eslóganes. Necesita memoria, controles reales y responsabilidad institucional. Porque como advierte la historia, cuando se vende el futuro al mejor postor, el presente lo pagan los de siempre.