Detectaron el uso abusivo de excepciones para comprar medicamentos, Se apunta contra “mafias internas” que operaban con laboratorios.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ), inició una investigación interna para revisar el funcionamiento de sus delegaciones y detectar posibles desvíos de fondos públicos durante gestiones anteriores, con la mira puesta especialmente en compras irregulares de medicamentos oncológicos.
El INSSJP, que administra la obra social más grande del país con más de 5.300.000 de afiliados, denunció en un comunicado que durante años el sistema fue utilizado como “herramienta de negocios y clientelismo político”.
El informe advierte sobre un uso excesivo de las denominadas “vías de excepción”, mecanismos diseñados para responder a situaciones urgentes, pero que fueron empleados de forma habitual para eludir licitaciones, habilitando así contrataciones directas poco transparentes.
Los principales casos que están siendo investigados son: el esquema de provisión de medicamentos oncológicos a través del convenio con la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología). Según una denuncia presentada meses atrás por Elisa Carrió y el legislador porteño Hernán Reyes (Coalición Cívica), al menos cinco laboratorios habrían cobrado sobreprecios multimillonarios, generando un presunto perjuicio de al menos un millón de dólares por apenas ocho medicamentos evaluados.
En ese escrito, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, se menciona a laboratorios como Raffo, Teva, Novartis, Sanofi y Bagó, y se acusa a la entonces directora ejecutiva, Luana Volnovich, de no haber ejercido los controles que podrían haber evitado el desfalco. “Pagaron medicamentos hasta 14 veces más caros de lo que se licitaban públicamente. Esto no es negligencia, es un saqueo organizado”, advirtió Reyes.
Por ejemplo, uno de los medicamentos bajo análisis, el Anastrozol, fue adquirido mediante convenio por $13.192 la unidad, mientras que su valor en licitaciones públicas era de solo $924. Otro caso mencionado fue el Bevacizumab, comprado por $91.121 cuando su costo por licitación rondaba los $17.000.
Desde el PAMI aseguraron que la auditoría iniciada alcanzará a todas las delegaciones del país y que se avanzará con sanciones administrativas y judiciales si se comprueban las irregularidades.
“El tiempo de impunidad se terminó. Queremos que los recursos vayan a donde tienen que ir: a los jubilados”, concluyeron desde el organismo.
