Las interrrupciones se realizaron en 1.243 hospitales y centros de salud, según el informe oficial del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
Se cumplió un año de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El sistema público de salud concretó 32.758 abortos legales, seguros y gratuitos en todo el País.
Los datos surgen del sistema de monitoreo ImplementAR IVE/ILE del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, tomando como fecha de corte el 30 de noviembre pasado.
De ese registro también se desprende que fueron 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizaron la práctica del aborto en condiciones seguras.
«A diciembre de 2020, garantizaban interrupciones legales un total de 903 hospitales y centros de salud», comparó el informe de la cartera liderada por Elizabeth Gómez Alcorta.
También informaron que en el último año se distribuyeron 46.283 tratamientos de Misoprostol en todo el País, una cifra sustancialmente mayor a los 18.590 de 2020.
«El Ministerio de Salud de la Nación incrementó cinco veces la compra de Misoprostol, que es el medicamento indicado para garantizar la interrupción del embarazo en forma segura. Y se incrementó un 150 % su distribución», detallaron desde el ministerio.
Tambien se gestionó la donación de 250 equipos para la aspiración manual endouterina (AMEU) que se distribuyeron a las provincias en el segundo semestre del año.
La mayor demanda de la población a interrupciones voluntarias y legales del embarazo se vio reflejado en el aumento del volumen de llamados a la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 del Ministerio de Salud, que entre enero y el 30 de noviembre de 2021 recibió 19 mil consultas.
Durante el 2021, el Ministerio de Salud editó manuales para que los profesionales de la salud pudieran capacitarse en la materia para garantizar el derecho al IVE y desarrollar una «atención de calidad»: el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo; y el Protocolo de atención posaborto y el Protocolo de atención a víctimas de violaciones sexuales.