Los docentes rionegrinos, a través de asambleas, decretaron un paro por 48 hs, hoy y mañana, por lo que los alumnos verán postergada la posibilidad de volver a las clases presenciales.
El sindicato expreso anoche que “El gobierno no cumple acuerdos paritarios, no garantiza condiciones edilicias ni sanitarias y vulnera derechos laborales”.
Rápidamente, el gobierno salió al cruce de las declaraciones sindicales. Lamentó la decisión tomada y aseguró que “de esta manera, se rompen las expectativas de alumnos, alumnas y sus familias, de poder tener un regreso a las aulas luego de un año sin presencialidad”. También se afirmó que descontarán los días no trabajados.
Las medidas de fuerza fueron aprobadas por unanimidad, en el marco del plenario de secretarios generales que sesionó desde las 17 de ayer, en forma virtual.
La propuesta del 29% que formalizó el lunes el Ministerio de Educación fue el principal malestar del sindicato.
El plan del gobierno contempla el 3% ya otorgado en el inicio de año, un 3% en el sueldo de febrero que se pagará desde esta semana, 5% con el de marzo, 5% con el de mayo, mientras que el 16% restante se distribuirá en el segundo semestre en forma a definir en julio.
Anoche se detalló que “con esta decisión, el sindicato docente rechazó un salario (para mayo) de $49.558,43 para un docente que recién se inicia con un solo cargo. Rechazó un salario de $105.846,72 para un docente de jornada completa con 100% de antigüedad. Lo propio hizo con un salario de $129.571,50 para un Director de Jornada completa con 100% de antigüedad y un sueldo de $90.884,98 para 35 horas secundarias”. La intención del Ejecutivo era realizar en octubre una evaluación y revisión de la propuesta anual.
Dichas cifras fueron consideradas insuficientes y además criticaron la demora en convocar a paritaria, ya que el gremio, viene solicitando desde diciembre de mantener la mesa de negociación abierta.
No solo la recomposición salarial forma parte del reclamo del gremio, UnTER reclama una actualización en el concepto de movilidad, la cobertura de aquellos trabajadores considerados de riesgo en medio de la pandemia y el pago de un adicional por conectividad, que el año pasado se reconoció durante sólo cuatro meses.
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