Un afiliado de Orán cuestionó el proceso que definió a Alfredo Olmedo y Emilia Orozco al frente de los principales órganos partidarios y planteó presuntas irregularidades.
La elección de las nuevas autoridades de La Libertad Avanza en Salta quedó en el centro de una disputa interna luego de que un afiliado de Orán impugnara el procedimiento que derivó en la designación de Alfredo Olmedo como presidente del Consejo Provincial y de la senadora María Emilia Orozco al frente del Congreso Provincial partidario.
El planteo fue realizado por Kevin Díaz Ferreyra y difundido inicialmente por Cuarto Poder. Allí se cuestiona la validez del proceso electoral interno y se advierte que, de no obtener una respuesta satisfactoria dentro del ámbito partidario, el conflicto podría ser llevado a la Justicia Federal.
Entre los puntos objetados aparece la modalidad dispuesta para la elección, que habría contado con un único lugar de votación para afiliados de toda la provincia, ubicado en San Lorenzo Chico. Díaz Ferreyra, residente en Orán, sostuvo que esa decisión dificultó la participación de quienes viven en el interior y cuestionó además la manera en que se comunicó la convocatoria.
Según la impugnación, tampoco se habría dado adecuada difusión al padrón provisorio ni se habrían respetado los plazos necesarios para que otros sectores pudieran organizar listas, reunir avales y competir en el proceso interno. También se plantearon objeciones respecto de la información sobre los cargos en disputa, las fechas y los horarios de votación.
A partir de esos cuestionamientos, Díaz Ferreyra intimó a la Junta Electoral partidaria a revisar el procedimiento y entregar documentación vinculada con la elección. La presentación abrió una disputa que excedió el plano político y comenzó a adquirir una dimensión institucional dentro del partido.
La respuesta de la Junta Electoral
FM Profesional accedió a la carta documento enviada por María Victoria Cayo, quien se presenta como presidenta de la Junta Electoral partidaria de La Libertad Avanza distrito Salta. El documento, fechado el 28 de agosto, responde a la presentación remitida el 19 de ese mismo mes y rechaza en todos sus términos la impugnación.
Cayo negó que la convocatoria haya carecido de precisiones respecto de las autoridades a elegir, los plazos, los días o los horarios. También rechazó que no se hubiera sometido a votación a los congresales y argumentó que Salta constituye un distrito único y que el procedimiento se ajustó a lo establecido por la Carta Orgánica partidaria.
La presidenta de la Junta Electoral también sostuvo que la convocatoria fue difundida mediante medios de comunicación, el Boletín Oficial de la Provincia y el sitio web oficial del partido. Asimismo, negó que el padrón provisorio no hubiera sido puesto a disposición de los afiliados que lo solicitaron y aseguró que la Justicia Electoral cuenta con el padrón partidario.
Otro de los puntos rechazados fue la supuesta inexistencia de la documentación necesaria para respaldar el proceso. Según la respuesta, se confeccionaron y publicaron las actas requeridas y no se restringió el derecho electoral de ningún afiliado.
Cayo también negó que hayan quedado sectores sin representación y volvió a señalar que, de acuerdo con la organización partidaria, la provincia de Salta funciona como un distrito único.
La carta documento concluye con un tono más severo. La titular de la Junta Electoral calificó de “temerario” el proceder del impugnante y advirtió que, en caso de continuar con lo que consideró amenazas, podría dar intervención al Tribunal de Disciplina para evaluar su conducta y una eventual sanción.
Un conflicto que podría llegar a la Justicia
Las posiciones, por el momento, permanecen enfrentadas. Mientras Díaz Ferreyra sostiene que existieron irregularidades suficientes para poner en discusión la legitimidad del proceso, la Junta Electoral afirma que se cumplieron las normas partidarias y rechaza cualquier cuestionamiento sobre la validez de la elección.
Según la información difundida, el afiliado analiza acudir al Juzgado Federal con competencia electoral si el conflicto no encuentra una solución dentro de La Libertad Avanza. De concretarse esa presentación, será la Justicia la que deberá evaluar la documentación y determinar si el procedimiento cuestionado se ajustó a las reglas vigentes.
La controversia se produce mientras la nueva conducción provincial comienza a ordenar el esquema partidario de cara al calendario electoral de 2027. Más allá de las disputas políticas internas que rodean a los distintos sectores libertarios en Salta, el punto central que queda planteado es ahora de carácter formal: si la elección que definió a las nuevas autoridades cumplió o no con las disposiciones que regulan la vida interna de la fuerza.