El Ministerio de Defensa examina los contratos firmados durante el gobierno de Cristina Kirchner con empresas para proveer material militar.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- El Ministerio de Defensa está revisando detalladamente los contratos firmados durante la administración de la ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner. Estos contratos fueron realizados con diversas empresas para la provisión de drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares.
Las auditorias realizadas revelan que el Estado Nacional pagó millones de pesos por desarrollos y materiales que nunca recibió o que presentan retrasos significativos en los procesos de modernización.
La documentación analizada indica que se destinaron más de $200 millones al proyecto Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados, pero estos no se completaron. También se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100, los cuales no han sido entregados.
La operatoria con los drones comenzó en 2015, cuando se firmó un contrato entre el Ministerio de Defensa e INVAP S.E. para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados en un plazo de siete años, con un costo total de $2.095.900.000. Este proyecto incluía vehículos aéreos no tripulados, una estación de control terrestre, sistemas de comunicaciones y tecnología para blancos aéreos de alta velocidad.
Desde las cuentas del Ministerio de Defensa se transfirieron a INVAP unos $200.470.000, además de otros $45.000.000 facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio. Sin embargo, en 2016 el contrato quedó en stand by, y en noviembre de 2017 el entonces ministro Oscar Aguad solicitó a INVAP un informe detallado sobre el avance del contrato SARA y sus respectivos costos. También se pidió reformular el alcance del contrato, pero desde entonces no hubo avances significativos.
El ministro Luis Petri expresó su descontento con las transferencias de dinero de ese convenio: “Se llevan invertidos más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional. El desafío es tener, fabricar y producir drones en la República Argentina para el control y vigilancia de nuestras fronteras y espacio aéreo marítimo”, destacó Petri.
Este y otros contratos están bajo investigación para determinar si se cometieron delitos penales en la asignación de fondos públicos o si hubo algún desvío de dinero. Para ello, se han requerido auditorías a varias empresas de defensa como la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Los resultados de estas auditorías podrían llevar a presentaciones judiciales.
El Gobierno de Javier Milei también está evaluando contratos firmados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Armada Argentina con FAdeA y Tandanor, respectivamente. Estos convenios incluían la entrega de aviones Pucará, Pampa, IA100 y remolcadores. Según información a la que accedió TN, el Ministerio de Defensa transfirió 215 millones de dólares para incorporar y modernizar 17 aeronaves y 14 embarcaciones, entre ellas la corbeta ARA Parker. “Nos deben los remolcadores, no hay nada”, comentan en las oficinas de Azopardo 250.
Entre 2020 y 2023 desde el Ministerio de Defensa se transfiririeron unos U$S 166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones con sede en la provincia de Córdoba.