El miércoles se espera una decisión clave en el conflicto por la expropiación de YPF. Argentina busca apelar sin entregar las acciones, pero enfrenta un panorama judicial complejo en Nueva York.
WASHINGTON.- Esta semana, la causa por la expropiación de YPF vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial y política internacional. A partir del miércoles, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos deberá resolver si la República Argentina podrá apelar el fallo que la condena a pagar USD 16.100 millones sin tener que entregar las acciones de YPF, tal como dispuso en primera instancia la jueza Loretta Preska.
Según fuentes judiciales cercanas al proceso, hay tres posibles escenarios que podrían abrirse a partir de esta resolución:
La Corte permite la apelación sin exigir la entrega de acciones, pero devuelve el expediente a la jueza Preska para que fije una garantía alternativa que Argentina deberá depositar. Esto significaría una concesión parcial: el país evitaría entregar activos estratégicos, aunque debería ofrecer algún tipo de respaldo económico mientras dure el proceso.
Se rechaza el pedido de Argentina de suspender el fallo, lo que obligaría al país a avanzar con la entrega de acciones mientras continúa la apelación. Sería el escenario más adverso para la defensa del Estado argentino.
La Corte suspende el fallo de Preska y habilita la apelación sin condiciones, lo que le daría aire a Argentina para preparar su estrategia sin ejecutar medidas urgentes.
Más allá del camino que elija el tribunal, se espera que los tres jueces de la Corte de Apelaciones expresen un compromiso de “acelerar” los tiempos de resolución tanto para el planteo principal como para el reclamo específico de las acciones, dada la magnitud del caso y su impacto geopolítico.
Argentina fue condenada en septiembre de 2023 a pagar USD 16.100 millones por la forma en que se ejecutó la expropiación de la petrolera en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El juicio fue iniciado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de accionistas minoritarios de YPF (grupo Petersen, grupo empresario ligados al matrimonio Kirchner).
El gobierno argentino sostiene que el fallo es arbitrario, que viola su soberanía y que afectaría negativamente las finanzas del país. Pero mientras tanto, cada paso del proceso judicial sigue sumando tensión en un contexto económico ya cargado de incertidumbre.