El Gobierno recibió un nuevo llamado de atención por parte de la sociedad y debe dejar de mirar para un costado.

Hoy, miles de personas salieron a las calles de Argentina en una multitudinaria marcha para reclamar la Ley de Financiamiento Educativo. Este hecho, lejos de ser una simple manifestación, es un nuevo llamado de atención contra el gobierno y su gestión.
La educación pública, gratuita y de calidad no se negocia. No se puede permitir que uno de los pilares fundamentales del progreso social sea objeto de recortes y ajustes.
Estamos de acuerdo con que hay que auditar el sistema y hacerlo más eficiente, pero no a costa de sacrificar derechos que son esenciales para la transformación de la sociedad. El gobierno puede ajustar otras áreas menos sensibles, como lo ha hecho en el pasado con la eliminación de reparticiones superpuestas para reducir el personal político. Es claro que hay espacios donde se puede optimizar el gasto sin comprometer algo tan fundamental como la educación.
La educación es la verdadera herramienta de transformación social, es la clave para erradicar la pobreza. No hay atajos ni soluciones mágicas: sólo a través de una educación de calidad podemos garantizar que las nuevas generaciones tengan las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. Invertir en educación no es un lujo, es una inversión estratégica.
Es necesario que el gobierno entienda que la educación no puede seguir esperando. Las demandas que hoy resuenan en las calles no son sólo un reclamo más, son una exigencia urgente de justicia social y de construcción de futuro para todos los argentinos. El Gobierno debe dejar de mirar para otro lado y hacer de cuenta que nada pasó. Si continúa en esa postura, su destino será chocar contra un paredón.