A raíz de la decisión del gobernador Ricardo Quintela de emitir bonos de cancelación de deuda para pagar las actualizaciones salariales, diversos informes de especialistas e instituciones califican a La Rioja como una provincia dependiente del estado nacional, e incluso algunos recomiendan replantear la coparticipación a partir de la fallida experiencia riojana.
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Según los publicado en Bloomberg Línea por el periodista Juan Pablo Álvarez, el 88% de los ingresos de la provincia provienen del gobierno nacional, un 73% de la coparticipación y un 15% de transferencias discrecionales o no automáticas, según un informe de de la calificadora Facimex Valores.
Por otra parte el Instituto Argentino de Análisis Fiscal devela que La Rioja ha caído un 6,2% de enero de 2024 al mismo mes de 2024 en cuanto a las transferencias automáticas, lo que complica más la situación provincial.
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El Instituto del Desarrollo Social Argentino (IDESA) publica un informe donde analiza la relación de la coparticipación y el empleo público. En el mismo dice que «el conjunto de las provincias argentinas recibió de la coparticipación $42.000 por persona y tiene en promedio 50 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, y La Rioja recibió $94.000 por persona y tiene 114 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, esto implica que La Rioja recibió más del doble de coparticipación y tiene más del doble de empleados públicos por habitante que el promedio nacional». IDESA afirma que los «excesos de gasto público, en particular de empleo público, son promovidos por los incentivos que genera la coparticipación de impuestos nacionales» y asegura que «para las provincias con menor nivel de desarrollo hay que contemplar un Fondo de Convergencia que le permita seguir funcionando con normalidad, pero que a la vez le imponga la condicionalidad de aplicar una estrategia de desarrollo realista y verificable».-
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