Más de 50 elecciones se han postergado en el mundo y muchas decisiones sobre ellas se están tomando en verdaderos Estados de excepción. Esta situación pone en alerta a muchas instituciones internacionales que trabajan en promoción democrática. Una de ellas es la Fundación Kofi Annan que ha dado a conocer un reciente documento bajo el título “¿Está la democracia en juego?”.
Argentina tiene la suerte de no tener elecciones este año, pero podemos empezar a preguntarnos acerca de cómo serán las elecciones nacionales legislativas del año que viene y, además, cómo serán las elecciones provinciales que también se realizarán. La planificación de los procesos electorales lleva tiempo y se hace de modo permanente, es decir, las autoridades electorales no descansan dado que en los años en donde no se producen elecciones, generalmente, se producen los cambios que buscan fortalecer los aspectos débiles del sistema electoral. En nuestro país no solo se advierte una parálisis al respecto, sino que, además, preocupa el discurso oficial de la división entre amigos y enemigos que se potenció en el marco de la pandemia. Es de esperar que con el tiempo el virus deje de ser el problema que es en la actualidad y, por lo tanto, no afecte el proceso electoral 2021, pero igualmente preocupa que continúe algún vestigio autoritario que pueda afectar la competitividad electoral. Es decir, si el discurso actual de la unidad total frente al “enemigo invisible”, en donde cualquier disidencia ante las medidas que toma el gobierno es vista como una amenaza enemiga a esa unidad, perdura como estrategia de acumulación de poder no es descabellado pensar que podría adquirir la forma de iniciativas gubernamentales (a nivel nacional o provincial) tendientes a suprimir los derechos de los “enemigos” a participar de un proceso electoral justo. De ser así nos enfrentaremos a un escenario de disminución de la competitividad electoral, lo cual es aún más grave si tenemos en cuenta que hay provincias de nuestro país en donde la competencia electoral brilla por su ausencia y los derechos políticos de sus ciudadanos están en entredicho. Son los casos de las provincias de Santa Cruz, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Misiones y no pocos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Este es el preocupante mapa electoral de la Argentina del que pueden exceptuarse solo algunos distritos como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué quedará en 2021 de este clima pandémico no lo sabemos, pero la base sobre la que se montan nuestros procesos de toma de decisión, como vemos, dejan mucho que desear.
Pero como decíamos al principio del artículo se trata de una preocupación mundial, no es una preocupación solo en nuestro país. Por el contrario, hoy se reflexiona, se discute y se advierte sobre esto en todo el mundo.
Kevin Casas, el titular de IDEA Internacional, es una de esas personas que tiene una mirada regional, que sabe cómo impactarán estas olas en el continente americano. En una reciente conferencia que brindó para la ONG Transparencia Electoral de América latina se mostró muy preocupado acerca de la posibilidad que la nueva normalidad sean los Estados de excepción. El filósofo Giorgio Agamben describió con detalle este living room en el que se ubica la indeterminación entre democracia y absolutismo.
En el documento mencionado la Fundación Kofi Annan dice que “la democracia no debe convertirse en la víctima silenciosa de la pandemia de coronavirus” e insta a los gobiernos de todo el mundo a implementar decisiones que reflejen los principios democráticos y constitucionales, en definitiva, que respeten los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Lo peor que le podría pasar a nuestro continente es que el nuevo paradigma de gobierno sea una suerte de neo dictadura constitucional y esto es posible dado que no existe ninguna salvaguarda institucional capaz de garantizar que los poderes de emergencia sean efectivamente usados con el objeto de defensa de la Constitución. Esta es la paradoja central.
Aquí se ubica la advertencia que hace Casas: la crisis muestra la fragilidad de las instituciones democráticas. Algunas consecuencias se advierten ahora y otras lo harán más adelante.
Para evitar retrocesos democráticos la Fundación Kofi Annan recomienda, en primer lugar, que la adopción de medidas de emergencia, que incluyen cambios a las elecciones cumplan con las disposiciones constitucionales y las leyes electorales. Es decir, que tengan una base firme en la ley. Y cuando el marco legal nacional no anticipa tal situación, es necesario que esos cambios se adopten de conformidad con las obligaciones internacionales. En segundo lugar, propone que estos cambios cuenten con un amplio apoyo político. Incluso donde la ley es clara un enfoque consultivo y participativo es crucial. De lo contrario, las medidas pueden ser percibidas como una estrategia de ganancia política sectorial, hecho que puede afectar la confianza pública. En tercer término, deben presentarse estas propuestas bajo el criterio de una comunicación clara y transparente frente a la ciudadanía. Los ciudadanos necesitarán comprender qué medidas se están considerando, por quién y por qué motivos. Los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un papel trascendente que desempeñar en cuanto a la defensa de la democracia. A esto debe sumársele el respeto a las críticas y el monitoreo social en la etapa de aplicación de estas medidas. En cuarto lugar, estos cambios sugeridos deben basarse en la mejor información técnica disponible. A la seguridad jurídica y a la aceptación política debe agregársele la mirada de los expertos electorales. En quinto lugar, se debe dejar en claro que estas medidas deben ser proporcionales al problema que atienden y que sí se trataran de iniciativas excepcionales debería estipularse de modo claro su fecha de caducidad. Por último, deberá considerarse que habrá algunos ciudadanos que requerirán especiales consideraciones en este momento. Esto incluye a aquellos que están en hospitales o aislados debido al virus, trabajadores de la salud, personal de seguridad, grupos marginados, como mujeres, personas con discapacidad, ancianos, refugiados y migrantes, grupos minoritarios y otros que de otro modo podrían quedar privados de sus derechos. En este último punto la tecnología electoral puede adquirir un papel destacado.
Es crucial, entonces, defender la gobernabilidad democrática porque es posible combatir esta emergencia con efectividad y al mismo tiempo hacerlo desde un marco democrático sólido. Porque su contracara es el peligro Estado de excepción, que no es otra cosa que hacer legal lo que no puede tener nunca una forma legal.
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