En Argentina, pocas profesiones ligadas a la comunicación han estado tan reguladas como la del locutor nacional o la del periodista profesional. A primera vista, podría pensarse que se trata de medidas destinadas a garantizar la calidad, la responsabilidad y la neutralidad de quienes manejan la palabra en espacios masivos. Pero un análisis más atento revela un entramado de normas heredadas, criterios excluyentes y marcos legales que no siempre se corresponden con las transformaciones profundas del ecosistema mediático contemporáneo.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Licencia para hablar
Desde 1950, con la fundación del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), la profesión de locutor en Argentina se ha concebido como un rol público, sujeto a formación específica, evaluación estatal y habilitación formal. Para ejercer legalmente, se exige el título de Locutor Nacional, emitido por el ISER o instituciones homologadas, y la inscripción ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El sistema, heredero de la Ley 22.285 y del Decreto 286/81, configura una de las formas más estrictas de control estatal sobre una profesión comunicacional.
Esta regulación se ha defendido bajo el argumento de preservar estándares técnicos, lingüísticos y éticos en la emisión oral. Sin embargo, también ha generado efectos restrictivos: la imposibilidad de ejercer sin un título determinado, la exclusión de voces con talento pero sin formación académica formal, y una centralización educativa que desfavorece a los aspirantes del interior del país.
¿Libertad de prensa?
Una situación análoga, aunque con matices propios, se da con el periodismo. La Ley 12.908 de 1946, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, define un régimen laboral específico para quienes trabajan en prensa escrita, radial o televisiva. Curiosamente, este estatuto no exige un título universitario ni terciario para ejercer, sino la acreditación de experiencia laboral. Pero a la vez, impide que un graduado en comunicación o periodismo se afilie o colegie como periodista profesional si no cumple los requisitos establecidos en 1946.
El resultado es una paradoja: ni todos los formados pueden ejercer, ni todos los que ejercen lo hacen bajo normas claras. Mientras tanto, los medios se han diversificado, las plataformas digitales han multiplicado las voces, y la figura clásica del «profesional del micrófono» se ha vuelto difusa.
La contradicción fundamental
Ambas situaciones exponen un dilema más profundo: ¿cuándo la regulación protege la calidad y cuándo se vuelve una traba a la libertad profesional? En un sistema republicano, el Estado debe garantizar el acceso equitativo a los espacios de expresión, pero no necesariamente definir de manera excluyente quién puede o no puede hablar. La profesionalización debe surgir del mérito, la formación libre y la validación pública, no de filtros burocráticos o monopolios institucionales.
En la actualidad, el mundo digital permite que miles de personas comuniquen con excelencia, responsabilidad y talento sin haber pasado por los circuitos oficiales. La existencia de locutores «no habilitados» en radios comunitarias, podcasts o canales de streaming no ha provocado una crisis comunicacional, sino más bien un escenario más plural.
Cosas para cambiar ya
- Eliminar la obligatoriedad excluyente del título del ISER como único medio de habilitación profesional, permitiendo otras formas de certificación avaladas por instituciones académicas, gremiales o privadas.
- Reconocer automáticamente a los egresados de carreras de comunicación y periodismo como periodistas profesionales a efectos del Estatuto, siempre que acrediten capacitación y ética en el ejercicio.
- Crear un registro voluntario y plural de locutores y periodistas, que funcione como símbolo de calidad y responsabilidad, pero sin efectos restrictivos sobre el ejercicio.
- Fomentar una auditoría de contenidos centrada en derechos y responsabilidad social, no en la condición administrativa del emisor.
- Descentralizar la formación y el acceso a la profesionalización, promoviendo convenios federales que permitan a cada región contar con espacios formativos validados.
Medios, comunicación y difusión
La profesionalización de la comunicación es deseable y necesaria. Pero debe hacerse sobre bases abiertas, inclusivas y actualizadas. La regulación no puede convertirse en una forma solapada de censura o privilegio corporativo. En tiempos de hiperconectividad, lo que debería evaluarse no es el título de quien habla, sino la veracidad, la responsabilidad y el aporte al debate público de lo que se dice.
Revisar estas normas, lejos de debilitar la profesión, podría fortalecerla. Y contribuiría a una Argentina más justa, más libre y más representativa de todas sus voces.