Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
El presidente Javier Milei plantea la posibilidad de privatizar las empresas estatales Radio y Televisión Argentina y Télam, generando polémicas y conflictos aún antes de llevar esta iniciativa al Congreso de la Nación.
La realidad es que los medios públicos argentinos son un problema desde mucho antes de que se le ocurriera esto a Milei y a los “liberales libertarios”. Fueron creados en contextos no tan diferentes (en 1937 LRA Estación de Radiodifusión del Estado durante la presidencia del dictador Agustín P. Justo, en 1945 Telenoticiosa Americana a instancias de Juan Perón para enfrentar a las agencias UPI y AP de Estados Unidos durante la dictadura de Edelmiro Farell, y en 1951 LS82 TV Canal 7 para transmitir un acto del 17 de octubre – Día de la Lealtad Peronista), todas son resabios de un modelo de Estado que, definitivamente, no se sostiene ni es deseable resucitar.
Sin dejar de lado los números, el problema es qué se puede y qué se debe hacer con nuestros medios y agencias estatales: ¿Cómo deben funcionar los medios de difusión propiedad del Estado y administrados por el gobierno, en un sistema democrático, republicano y federal? De la misma manera en que todos los bienes y servicios que el Pueblo (esencia del Estado) pone en manos del Gobierno.
Deben ser gratuitos en lo posible (para eso pagamos impuestos o tasas); ser accesibles a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones (debe llegar a todos y todos deben tener la posibilidad de usarlos, sin discriminación alguna); deben ser de la mejor calidad posible y en cantidad suficiente (al fin de cuentas, son productos y servicios, y nadie paga por algo que no le sirve o no puede conseguir); deben ser federales, es decir, adaptados a las necesidades e intereses de los habitantes del “todo” el territorio del país; y deben tener como esencia la utilidad pública (todos los necesitamos, a todos nos interesan y todos tenemos derecho a obtenerlos o usarlos, y el gobierno puede prestarlos).
¿Podemos decir esto del funcionamiento de Radio Nacional, la agencia Télam y la TV Pública? No, absolutamente no. Gratuitos son, al menos por ahora, excepto la agencia Telam que es un engendro solo entendible en un país estatizado. Llegan a donde pueden, porque generalmente no reciben inversiones interesantes. La calidad es dudosa, por no decir mediocre, y la cantidad igual que la accesibilidad. Y son de utilidad del gobierno, o mejor dicho, del partido de gobierno: Transmiten noticias del oficialismo, son órganos de propaganda del partido oficialista, se cercena su acceso a los opositores, no hay control de su administración y políticas, incluso hasta se convierten en unidad básica para “resistir” a quienes el Pueblo democráticamente eligió para gobernar. Lo que menos hacen es cumplir su objetivo: “informar, educar y entretener”.
¿Alcanza con esto para privatizarlos y deshacerse de ellos como de una maleza? Creo que no, que todavía no, o al menos no así. ¿Existen países con experiencias de medios públicos? Si. ¿Son exitosas? Al menos en términos sociales y culturales, si. ¿Son todos países comunistas? No. ¿Solo es algo que se pueden permitir los países ricos? No, y nosotros especialmente, no.
Ante esto hay que llamar la atención sobre un proyecto que alguna vez esbozara el político e intelectual Rodolfo Terragno: convertir al gigante de la teleradiodifusion en una herramienta de educación y cultura, despegándolo para siempre de su intervencionismo gubernamental y partidista, y llevándolo a su mejor época. Algo de esto estuvo en el germen de la creación de Educ.Ar, el sitio de internet educativo del Estado nacional, nacido en mayo de 2000 gracias a una donación del empresario Martín Varsavsky al gobierno de Fernando de la Rúa, y que en 2007 forjó el canal Encuentro. Pero para quienes vimos y vivimos la experiencia de estos medios y sus contenidos, sabemos que no hay buena idea que no pueda ser arruinada por el fanatismo.
¿Se puede completar esta idea con Radio Nacional y la TV Pùblica? Por supuesto, pero esta vez respetando ciertas reglas: una conducción estratégica colegiada donde intervengan mayoritariamente representaciones académicas, culturales, deportivas, científicas y periodísticas, y se mantenga un mínimo de representación parlamentaria y sindical, siempre ad-honorem; el gerenciamiento táctico profesional y con orientación a resultados, sin interferencia de las gestiones circunstanciales, y en base a un plan de gestión plurianual aprobado por el Congreso; la financiación mediante convenios con empresas privadas (coproducciones, venta de contenidos, cobro a empresas privadas por uso de señales, por ejemplo) para generar una dependencia progresivamente menor del presupuesto oficial; la producción de contenidos periodísticos basada en criterios profesionales, evaluados periódicamente por organizaciones independientes. Estos y otros principios deben intervenir en esta reingeniería de los medios y contenidos públicos.
Otra posibilidad nos retrotrae a fines de la década de 1980 cuando una propuesta del gobierno de Raúl Alfonsín (encabezada por el mismo Terragno) pretendía privatizar un 40% del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas (por acuerdo con SAS -Scandinavian Airlines System-, propiedad de Suecia, Noruega y Dinamarca), y fracasó ante una mayoría peronista que pregonaba: “No le vamos a poner bandera roja de remate a las empresas del Estado”… aunque meses después con Carlos Menem le pusieron el moño rojo de regalo. El acuerdo con SAS significaba: El Estado quedaba con el 51% de las acciones, el presidente y el vice del directorio, y 7 de los 12 miembros; el personal recibía el 9% de las acciones; SAS ponía 204 millones de dólares por el 40% de la empresa, inamovible, y recibía el gerenciamiento de Aerolíneas; la empresa debía tributar y repartir utilidades netas (por esto el Estado percibía el 70% de las ganancias brutas. Un negocio redondo impedido por la envidia y el resentimiento… y el negociado del menemismo-peronismo.
En cuanto a la gestión de la pauta de propaganda estatal (llamada publicidad oficial), debe hacerse una distribución con criterios equitativos y la producción con contenidos que reflejen las políticas públicas y no los intereses de cada gestión gubernamental. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó una serie de criterios para estos casos que constituye un estándar internacional: Los Estados deben adoptar leyes especiales, claras y precisas para regular la pauta, en cada uno de sus niveles de gobierno que definan claramente qué se entiende por pauta oficial y establecer sanciones adecuadas para su incumplimiento; Los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios, haciendo hincapié en que “no deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social”, y “no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses”; y, finalmente, la publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.
Rediseñar Radio y Televisión Argentina y reorientar Télam son apenas el principio de la transformación que los argentinos requieren para volver a confiar en sus medios públicos… y dejar de tenerles MIEDO.-