El Tribunal Oral Federal N° 5 ordenó nuevas pericias contables sobre los patrimonios de la ex-presidente y de Máximo Kirchner.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUEOS AIRES.- En el último día de abril, la doblemente condenada Cristina Fernández de Kirchner, recibió una mala noticia: la Justicia Federal reactivó la causa Hotesur – Los Sauces, donde se la investiga junto a su hijo, Máximo Carlos Kirchner, por lavado de dinero y malversación de fondos.
El Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) solicitó una serie de medidas de pericias contables sobre los patrimonios de la presidente del partido del Partido Justicialista (PJ) y su hijo, el diputado de Unión por la Patria.
Los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti, también dieron lugar al pedido del fiscal federal Diego Velasco, y ordenaron a las empresas Edesur, Metrogas, Telecom y Telefónica, que informen a nombre de quién se encontraban contratados dichos servicios en los departamentos del barrio porteño de Puerto Madero, vinculados a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El TOF N°5 solicitó que se determine, a través de peritos contables, si hubo retornos de dinero para la ex-presidente y su hijo, por adjudicaciones de obras públicas al empresario santacruceño Lázaro Báez.
El fallo de los 3 jueces federales destaca: “Atento al estado de los presentes actuados, hágase saber al Colegio Pericial interviniente, que deberá retomar la ejecución de las tareas oportunamente encomendadas e informar el plazo de su finalización”.
La hipótesis de la causa ligada a los complejos turísticos que poseen Cristina y Máximo en la localidad de El Calafate, sostiene que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública por parte de la provincia de Santa Cruz, Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos, justificándolos cómo contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles.
Un «modus operandi» similar habría ocurrido con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes habrían transferido dinero a la familia Kirchner, a través de contratos de alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras capitalizaron su holding empresarial con beneficios impositivos, fiscales y con subsidios estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina.