
Si bien pareciera haber acuerdo en el marco general, hay cuestionamientos para responder en su tratamiento.
Existen denuncias del arco opositor de que se trataría de un traje a medida para que se beneficie a Cristóbal López. En ese marco, el Diputado de la Coalición Cívica Juan López insistió con un pedido a la Oficina Anticorrupción (OA) para que el Presidente Alberto Fernández informe la lista de sus clientes en los tres años previos a consagrarse como Presidente.
El gabinete económico delineó una moratoria sin muchas restricciones, sino para incorporar a «todos», fiel a su slogan de campaña.
En tal sentido se le pide al Presidente de la Nación indique ante la Oficina Antic-corrupción una declaración jurada de intereses con un listado de clientes a los que haya patrocinado con anterioridad a ser electo en el cargo.
De tal manera se descartaría algún tipo de implicancia en su relación con Cristóbal López, uno de los empresarios que podría beneficiarse con la medida, aún cuando se dirimen judicialmente cuestiones relacionadas con impuestos que no hizo efectivos por parte de las empresas que encabeza, tal el caso de Oil Combustibles.
El Proyecto posee un artículo de «excepción» inusual que habilitaría un avenimiento y en consecuencia que la AFIP deje de cobrar deudas del empresario cercano al Gobierno.
En tal sentido López y sus socios no pagaron unos $8000 millones de impuestos al combustible, dinero que se uso para financiar empresas del Grupo Indalo.
La moratoria propone: un amplio universo de contribuyentes que pueden acceder, vigente para todas las personas jurídicas y humanas, para ofrecer alivio y regularizar deudas; incluír deudas vencidas al 30 de junio del presente año; adherirse hasta el 31 de octubre inclusive; regularizar deudas en planes de 96 a 120 cuotas para obligaciones tributarias o aduaneras; plazos de 48 o 60 cuotas para obligaciones de seguridad social; condonación parcial de intereses y total de multas; utilidad de devoluciones aprobadas y pendientes que se encuentren a favor en AFIP para compensar la deuda; y condiciones para las empresas de mayor tamaño, que durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
El Presidente Alberto Fernández no ha presentado la nómina que se le exige desde diciembre de 2019 a la Oficina Anti-corrupción para dar transparencia a un Proyecto de ley que él mismo impulsa en el Congreso para dar un respiro económico en el marco de la pandemia.
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