El TOF2 dispuso una medida cautelar sobre la propiedad de San José 1111, en el marco de la segunda etapa del decomiso de bienes de los condenados en la causa Vialidad.
Hugo Roldán
El Federal Noticias

BUENOS AIRES.- En la mañana de este miércoles el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó embargar de manera preventiva el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de constitución, donde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
La medida forma parte de una nueva tanda de embargos sobre propiedades y activos que podrían ser utilizados para cubrir el perjuicio económico fijado en el expediente.
La decisión de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso no implica, por ahora, el decomiso ni la subasta del inmueble. El objetivo es evitar que los bienes sean transferidos, gravados o sustraídos de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento destinado a determinar cuáles serán finalmente ejecutados.
El departamento de San José 1111 pertenece a Los Sauces, una sociedad vinculada a la familia Kirchner. Su inclusión en esta etapa se produjo después de que el fiscal Diego Luciani solicitara el decomiso de nuevos bienes para avanzar en el recupero del dinero que, según la sentencia, debe ser devuelto al Estado.
El monto que deben afrontar los condenados asciende, actualmente, a unos $ 685.000 millones, una suma derivada del perjuicio económico establecido en la causa por las irregularidades detectadas en la adjudicación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.
Más embargos
El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.
En Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.
También se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la condenada presidente del Partido Justicialista, situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente.

El Tribunal dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a las empresas constructoras vinculadas a la corrupción con la obra pública. Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la firma Kank y Costilla. De igual modo, se procedió contra una propiedad en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.
