Funcionarios «Cámporistas» deberán responder ante la Justicia, por prestaciones sociales otorgadas que “no habrían sido destinadas a los fines reglamentariamente previstos”.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
Nuevamente el PAMI, es caja de resonancia de denuncias por mala administración. La obra social de los jubilados, vuelve a ubicarse en el centro del debate social por presuntas irregularidades de sus funcionarios.
En la jornada de ayer trascendió, que el Fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de tres autoridades del organismo que habrían desviado más de $ 900.000 a “entidades y Centros de jubilados que pertenecían a La Cámpora“.
Los directivos que se encuentran en la mira de la Justicia son Santiago Paredes Adra, Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI; de Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de control de gestión social del organismo; y de Esteban Ernesto Leguizamón, Director Ejecutivo de uno de los locales bajo sospecha.
Por iniciativa de la Diputada Graciela Ocaña y el ex diputado Luis Petri, advirtieron al Fiscal General Javier Arzubi Calvo, titular de la UFI- PAMI, sobre presuntas irregularidades durante la pandemia en el otorgamiento de subsidios a distintos centros y jubilados y pensionados por parte del organismo del Estado que preside Luana Volnovich.
Como si fuera poco, muchos de estos Centros de Jubilados que recibieron el dinero “no se encuentran en funcionamiento en la actualidad sino que están cerrados y, lo que es más llamativo aún, muchos de ellos son locales partidarios de la Agrupación Política La Cámpora”.
Entre los centros que se encuentran bajo investigación figuran: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”, según sostiene la denuncia.