El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, demostró que no está a la altura que su cargo merece. En una entrevista radial, aseguró que “es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”.
Luego de un año sin clases presenciales en la Argentina, único país del mundo donde ocurrió esto, Trotta demostró que sólo calienta la silla del ministerio y hace viajes por todo el país para cobrar los viáticos de la misión.
Trotta salió a responder esa barbaridad luego de quedar en jaque porque referentes de la oposición plantearon que la educación sea considerada un servicio esencial.
Para el gobierno de Alberto Fernández son esenciales los casinos pero no las escuelas.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, falaz significa falso, mentiroso. Es un adjetivo que deriva de falacia, y una falacia es una mentira, un fraude o un engaño. El ministro de Educación dijo que la educación no es un servicio esencial. Un principio básico de nuestro ordenamiento social, y de (casi) todos los países del mundo, calificado de falacia por el más alto funcionario del área.
El proyecto de ley que presentaron los senadores opositores indica que “la educación es un bien social por el cual todos debiéramos adoptar conductas positivas y activas que aseguren su vigencia, independientemente de constituir un derecho humano individual es, simultánea y claramente, un bien social, colectivo, por el cual se generan obligaciones para el Estado”.
El documento, que lleva la firma de los legisladores Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni y Pamela Verasay, entre otros, considera que “la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 – y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa”.
“Es necesario garantizar los recursos necesarios para sostener el contacto entre las familias y las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades escolares, y también dar seguimiento a la situación emocional de los chicos. Cada día que pasa con las escuelas cerradas se consolida esta catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto”, indicaron en el ese texto.
También marcó que “catorce de veinticuatro provincias están pensando iniciar las provincias el 1 de marzo”.
“Lo que le planteamos a los gobernadores es que la decisión se promueva en la mínima unidad geográfica. La intención es que llegado el momento las precauciones que se tomen no sean en todas las jurisdicciones, sino solo en los lugares donde las tienen que tomar”, precisó.
En esa misma línea, sostuvo que “hay que cuidar la escuela” y que eso fue lo que conversó con los gobernadores en su recorrida por las provincias. “Si hay que tomar ciertas decisiones para garantizar mayor presencialidad en las escuelas y que no se descompongan ciertos factores epidemiológicos, cada distrito tendrá que tomar las medidas que considere”.
Respecto a los protocolos, aclaró que la normativa en medio de la pandemia “se construye federalmente” y que el protocolo consensuado el año pasado “se aprobó por unanimidad”. ”Es el base y cada jurisdicción puede tener su propio protocolo más estricto pero no más laxo”, indicó, a la par que afirmó que “los docentes son uno de los cinco grupos priorizados” a nivel sanitario.
Además, sobre el cuestionamiento de la oposición por el regreso tardío a las clases presenciales, dijo que “la evidencia que tenemos hoy es muy distinta a la incertidumbre absoluta que teníamos en marzo del 2020 donde el 90% de los países del mundo decidieron suspender las escuelas más allá de la cantidad de casos que tuvieran”.
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