En un fallo con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz,Maqueda y Lorenzetti la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la demanda promovida por la Provincia de La Rioja, representada por su gobernador Ricardo Quintela y con el patrocinio de los abogados Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni.
El gobernador Quintela, los abogados Ferreyra y Zaffaroni, y la vicegobernadora Madera.
El fallo explica que «la Provincia de La Rioja no ha puesto a consideración del Tribunal una causa, asunto o caso contencioso cuya decisión corresponda a los tribunales de la Nación» y que «cuando se trata de pretensiones de carácter declarativo, el Tribunal se ha visto en la necesidad de deslindar las demandas que piden declaraciones necesarias para decidir una causa de aquellas otras presentaciones que buscan declaraciones que avanzan sobre la actividad propia de los otros dos poderes del gobierno nacional sin que ello sirva para poner a salvo los derechos de quien demanda».
También en el texto judicial se argumenta que «la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta», y finalmente explica que «corresponde por último desestimar por improcedente el intento que hace la actora de fundar su legitimación activa en el artículo 128 de la Constitución».
Cabe recordar que la demanda fue presentada a fines del año pasado a poco de publicarse el DNU 70/2023, y que en esa demanda el texto urgía a resolver esta acción declarativa de certeza «el peligro en la demora (…) se encuentra acabadamente acreditado. Porque en caso de no accederse a esta petición cautelar, deducida en la instancia jurisdiccional más sobresaliente del Derecho judicial, la competencia originaria de la CSJ, se concretará un absolutismo autocrático del Poder Ejecutivo, que quedará sin control judicial suficiente. Consiguientemente, hay urgencia demostrada y peligro en la demora, argumentos que han sido introducidos y justificados con suficiencia, en tanto los derechos a la vida, la libertad, el honor y la fortuna de quienes habitan el país, quedarían lamentablemente a merced del autocratismo y su irracionalidad».
La primera respuesta de la Corte Suprema fue no habilitar la feria judicial, decidiendo que no había ni urgencia ni peligro.-
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