A poco más de dos meses para la finalización del período legislativo, el Congreso transita semanas decisivas para discutir el proyecto de reforma política impulsado por el Poder Ejecutivo. Con la eliminación o suspensión de las primarias (PASO), la implementación de la Ficha Limpia y la modificación del debate presidencial obligatorio sobre la mesa, la advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) impone un condicionante clave al señalar que las reglas comiciales no deben alterarse cuando está por comenzar la contienda.
Redacción El Federal Noticias
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral —Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas— emitieron una acordada en la que advirtieron que las reglas del juego democrático deben respetarse al aproximarse un ciclo electoral. El pronunciamiento institucional actúa como un llamado de atención para apurar los tiempos de discusión en el Congreso o bien posponer los cambios, evitando así alteraciones a último momento.
A pesar de que sectores del Gobierno sondean la posibilidad de trasladar el debate hacia marzo, desde los bloques aliados señalan que no es lo mismo modificar reglas en comicios legislativos que en elecciones presidenciales. Paralelamente, en la administración central conviven posturas dispares: mientras la conducción política fija la eliminación de las PASO como condición para entablar alianzas electorales, otras vertientes cercanas al Presidente prefieren priorizar las reformas económicas antes que desgastar la relación con los aliados por el sistema de votación.
Claves del proyecto de reforma política
El texto enviado al Parlamento trasciende la sola discusión de las primarias e impacta en diversos pilares de la arquitectura electoral del país:
Por un lado, plantea la eliminación o suspensión de las PASO bajo el argumento oficial de reducir el gasto público y eliminar una instancia poco popular. Sin embargo, sectores de la oposición y de la propia coalición gubernamental sostienen que suprimir este mecanismo perjudicaría la resolución de las internas partidarias y dificultaría la competencia ordenada de candidatos.
Por otro lado, el proyecto contempla la incorporación de la Ficha Limpia, una iniciativa promovida históricamente por el PRO a través de la diputada Silvia Lospennato, que prohíbe las candidaturas a cargos electivos de personas que cuenten con condena firme por delitos dolosos. Asimismo, la propuesta gubernamental elimina en forma implícita la obligatoriedad de los debates presidenciales al omitir el capítulo normativo que los regulaba.
Mapeo de fuerzas y exigencias de mayorías en el Congreso
Para que cualquier modificación al régimen electoral o de partidos políticos sea aprobada, la normativa exige el respaldo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, lo que equivale a un piso de 37 senadores y 129 diputados a favor, independientemente del número de legisladores presentes en el recinto.
En el Senado la negociación depende fuertemente de la postura de los gobernadores provinciales, quienes suelen priorizar los recursos económicos y presupuestarios antes que modificar el sistema electoral. En la Cámara de Diputados, en tanto, el bloque del PRO resulta numéricamente decisivo; la bancada conducida por el partido de Mauricio Macri ratificó su rechazo a eliminar las PASO, aunque podría acompañar el dictamen en general para respaldar la Ficha Limpia y rechazar en particular los artículos sobre el régimen de primarias.
Desafíos logísticos y el escenario bonaerense
Un elemento adicional que complejiza el panorama es la eventual unificación de las elecciones provinciales con las nacionales en la provincia de Buenos Aires. Una decisión de este tipo por parte del Ejecutivo bonaerense implicaría la convivencia de dos modalidades de voto distintas dentro del mismo cuarto oscuro: la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales y la boleta partidaria tradicional para los cargos locales. Esta dualidad requerirá de un importante esfuerzo de capacitación pedagógica para la ciudadanía y de una compleja preparación logística por parte de la justicia electoral antes de la fecha de los comicios.