La Cámara alta aprobó la iniciativa de la oposición, a pesar de que Javier Milei advirtió que la vetaría.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la tarde del jueves la Cámara Alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por amplia mayoría, 61 votos a favor y 8 en contra, estableciendo cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.
En una votación en donde el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR) lograron un acuerdo para avanzar con el proyecto que llegó de Diputados con media sanción. Ayer se impusieron con el acompañamiento de senadores del PRO como Guadalupe Tagliaferri y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios.
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Poder Ejecutivo Nacional establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además incorpora una compensación extra o “empalme» de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco fue avalado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”, tampoco se aceptó modificarlo y se aprobó como llegó de la Cámara Baja.
Además, la Cámara baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -(promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.
Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó y giró a Diputados el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.