Lo expreso la diputada provincial del PRO en relación a las cinco «emergencias» que hoy tiene la provincia, que a su juicio fomentan el negocio dentro del Ejecutivo del manejo discrecional de fondos millonarios enviados de Nación, las compras directas a sus empresarios o funcionarios amigos y la falta de controles sobre nuestros recursos.
SALTA- Actualmente, en la provincia hay cinco emergencias declaradas, algunas de ellas prorrogadas, sin solución, pero con parches para esquivar el problema de fondo y un negocio apetecible en el medio para la clase política: y hablamos de la emergencia en cuanto a la violencia de género, la económica, la sociosanitaria, la hídrica que se aprobó esta semana, y la agropecuaria, declarada en las últimas horas.
Estas «emergencias» constituyen un negocio para unos pocos, porque en este contexto se habilitan las facultades ejecutivas para no licitar, para comprar de manera directa para beneficiar a empresarios amigos, para flexibilizarse los controles. Y en definitiva, estamos peor ante cada «emergencia», y basta citar que mientras hace algunos años Salta ocupaba en el indeseable ránking de femicidios el cuarto lugar, hoy estamos segundos en la valoración estadística de ese triste flagelo.
Mientras el concepto de «emergencia» hace referencia a la noción de un evento súbito e improvisto, muchos de los problemas que nos acechan vienen de larga data y no hubo reacción de parte del Gobierno provincial para subsanarlos, y basta ejemplificar con los dos acueductos cuyas obras fueron iniciadas en 2019, y que desde hace tres años a esta parte no se colocó un solo caño, y hoy se llega a la emergencia hídrica.
Recientemente, se declaró también la emergencia agropecuaria, por no tener recursos para apagar el fuego y por las dificultades con el combustible: se debastó Orán a causa del fuego y se perdieron infinidad de cosechas sin atenuantes, sin haberse puesto el foco en todo este tiempo a provisionar al Estado para aplacar estos imprevistos.
Y la «emergencia» sociosanitaria también es producto de una salud bastardeada desde hace tiempo, que hoy tiene a varios sectores diciendo basta, quienes, cansados de ver vulnerados sus derechos y el principio básico de la Constitución de reclamar y peticionar, aquí no se los escucha y los trabajadores se tienen que encadenar, como los de Colonia Santa Rosa.
Lo cierto es que no hay un plan estratégico sostenido por parte del Gobierno provincial, y la declaración de la emergencia solo sirve para que el Gobierno provincial disponga discrecionalmente de los fondos que envía y enviará Nación, que mandará más millones de pesos de manera mensual, lo que para muchos es un gran negocio. Es que con cada emergencia el Gobierno elimina los concursos de precios, las licitaciones, puede hacer compras de manera directa, siempre a la empresa del funcionario amigo, y en el medio, se impone una política de parches y sin soluciones concretas, y cada emergencia declarada muestra un Gobierno sin ideas, que ha fallado en su gestión, y con un alto grado de improvisación.
En declaraciones aun medio local, la diputada provincial Sofía Sierra, hizo hincapié a las evidencias de un Gobierno provincial sin planificación ni previsión en ninguna de las cuestiones sensibles, y fundamentalmente en aquellas donde se hizo hincapié declarando emergencia. Emergencias consideradas como «un cheque en blanco» del Ejecutivo de la Provincia, para la legisladora salteña.
«Pareciera que nos dimos cuenta tarde de estas emergencias. Yo fui la primera y única diputada en oponerme en la Cámara a las emergencias, lo hice con la emergencia por violencia de género, cuando estando en emergencia tenemos datos cada vez peores. Me opuse a estas emergencias porque la Provincia no tiene un plan para hacerles frente y en el Presupuesto no se ponen las necesidades para afrontar esta realidad. Me dí con que el Observatorio de Violencia de Género tiene un presupuesto asignado para todo el año, de 15 millones de pesos. ¿Cómo un observatorio con solo 1,2 millones de pesos al mes puede hacer investigaciones, capacitaciones, cruzamiento de datos, acompañamiento, análisis estadísticos? Total, está la emergencia aprobada. No es así», expresó la diputada Sierra.
«Estamos ante un Gobierno cuya política pública más instalada es la creación de emergencias, y esto es de una gravedad institucional tremenda, porque nosotros justamente tenemos una Ley de Presupuesto que es la que pone límites, la que pone las reglas para el manejo de los fondos públicos. Al tener emergencia tras emergencia, todos los controles se relajan, total, todo es ‘en el marco de la emergencia de…’ Con emergencias hay más compras de manera directa, todas las contrataciones son discrecionales. Estamos en Salta ante una crisis institucional nunca antes vista y la ciudadanía debería darse cuenta de lo que está pasando», advirtió la legisladora.
«Declarar emergencias en Salta es un cheque en blanco para el Gobierno, lo dije desde un primer momento, lo dije cuando me opuse en la cámara. Con las declaraciones de emergencia estamos entregando cheques en blanco, y no solo eso: estamos dejando de cumplir nuestro rol, para lo cual la ciudadanía nos puso en esas bancas, que es la función de controlar el Ejecutivo, y no estamos cumpliendo con nuestra función», «hay pedidos de informes» de legisladores que están «cajoneados, y necesitamos para poder legislar datos oficiales que nunca nos llegan, que será porque esconden algo», sostuvo la representante en la Cámara baja provincial.
«Acá es mucho más fácil prorrogar emergencias que sentarse a elaborar un plan serio estratégico de gobierno, porque así vas dando manotazos de ahogado, total nadie te controla. En Salta no hay planes de gobierno y a mí me lo reconocieron tres ministros: que no tenían un plan dentro de sus ministerios: el ministro de Educación me lo reconoció, cuando en Salta más del 50 por ciento de los jóvenes no termina la secundaria. No hay un plan estratégico integral ni coordinación en este Gobierno, no hay acciones coordinadas. Este Gobierno se dedica a prorrogar tantas emergencias porque es más fácil que ponerse a pensar, es más fácil que sentarse a proyectar», acusó Sierra, quien también se refirió al drama de la falta de agua, y a la pasividad de un Gobierno que dejó dos acueductos a la deriva.
«Salta tiene, como recurso natural, agua para tres poblaciones, dicho por expertos. Recursos hay, lo que falta es investigación de las cuencas y las fuentes, falta infraestructura nueva, falta mantenimiento de lo que ya tenemos, como el caso del dique Itiyuro que está lleno de sedimentos, y que si estuviese en condiciones no tendríamos esta escasez de agua. La emergencia hídrica se podría haber previsto. Y por otro lado se prorrogó una emergencia económica administrativa que data de 1990, ¿de qué emergencia me están hablando? Hay un montón de incoherencias», criticó.
«El martes deberán ir a la Cámara los ministros para que nos presenten el Presupuesto 2023, y esperemos que estén todos, incluidos los que nunca aparecen. Espero que estén todos, porque habrá preguntas para todos», lanzó su advertencia la diputada Sofía Sierra, para luego apuntar a los beneficios de la clase política y sus altos gastos, al negocio de las mineras y al dadivoso presupuesto para la empresa estatal previsto para 2023, en desmedro de otras cuestiones urgentes y sensibles.
«Todo el tiempo se le está pidiendo al sector privado que achique el cinturón, que baje el gasto, les quitamos los beneficios. Pero la clase política, ¿cuándo se achica el cinturón? Hay 15 millones de pesos al año para un Observatorio de Violencia de Género, y tenemos 2 millones para el Parlamento del NOA. No hay proporción. Para REMSa, que es la empresa minera estatal, hay 3.700 millones de pesos en el Presupuesto, cuando se supone que REMSa es autosustentable y, de hecho, financia y abastece al Gobierno provincial en compras y es una empresa que tiene un superávit enorme. ¡3.700 millones! Realmente no se entiende», se preguntó la legisladora salteña.
«Tenemos un Gobierno que basa su política pública en emergencias, que no se sienta a armar planes de gobierno, lo dijo el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Seguridad. No creo que un plan integral de seguridad de una provincia entre en dos carillas de una hoja A4. Tampoco tenemos un plan de seguridad integral en Salta con los problemas que estamos teniendo en materia de seguridad. Hace falta gestión en todo, una ley por sí sola no cambia la realidad, lo que cambia la realidad es la decisión y la voluntad política»,expuso la representante parlamentaria.
