Entre los entes señalados están AySA y el CONICET. se detuvo a 9 sospechosos, realizaron 50 allanamientos.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas horas se conoció que la empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
La información se desprende de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de 9 (nueve) sospechosos, todos ex-directivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.
Según fuentes ligadas a la justicia, la investigación comenzó en febrero de 2020, luego de una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentinas en la que sostuvieron que un grupo de ex-directivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, en Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes.
Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una ex-empleada hecho en el denominado “programa de integridad”.
“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.
Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.
Si bien se conoció ahora tras los allanamientos y detenciones, el 30 de mayo de 2022, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz”.
Según se desprende del expediente judicial, los “pagos indebidos” denunciados por Securitas SA fueron los siguientes:
- Ministerio del Interior (Renaper),
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa),
- Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000),
- Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA),
- Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados)
- Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército)
- Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas)
- Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos)
- Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa)
- Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa)
- Aeropuertos Argentinas 2000