“Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión.
Vicentín tiene 90 años de historia en la Argentina. Noventa años de cumplir siempre con nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes”, arrancó el comunicado.
“Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos. Todos los que participan en esta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador, más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde”, agregaron desde la empresa.
Una de las críticas a la empresa santafecina es que no se deshacía de sus activos para pagar la deuda, estimada en 1350 millones de dólares, de los cuales unos 350 millones son con el Banco Nación.
Con ese antecedente, Alberto Fernández dispuso la estatización del 51 por ciento de las acciones de la empresa, y enmarcó la medida como “soberanía alimentaria”, el mismo eslogan que utilizó Hugo Chávez en Venezuela en 2011.
“Entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales. Dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF agro.
Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro agro, por lo cual en ningún momento descartamos que pueda ser un actor importante en el futuro de Vicentín”, agregaron mediante el comunicado.
“El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas.
Por último, reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”, concluyo.
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