BUENOS AIRES.- La polémica por la reforma judicial que promueve el presidente Alberto Fernández cada día se agigante más.
Hace pocas horas, la militante jujeña Milagro Sala, condenada por hechos de corrupción y con prisión domiciliaria, expresó sin tapujos: «Sin reforma judicial nunca vamos a recuperar la libertad», dijo, preocupada por el escenario de discusión de una medida que la afecta.
Hoy el diputado nacional Martín Lousteau (Juntos por el Cambio), indicó con respecto al tema: «Si estamos iniciando un debate sobre una reforma judicial en un contexto de restricciones fiscales empecemos con terminar con las jubilaciones de privilegio y que jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias como todo el mundo».
Lousteau recordó que esos cambios ya los solicitó su espacio durante el debate sobre la reforma del sistema provisional. «Propusimos la eliminación en los regímenes de privilegio de la Justicia y el servicio exterior y el paso al sistema general”.
En dicho debate se encontraron con variadas resistencias desde las Asociaciones que nuclean a magistrados y funcionarios del ámbito judicial, indicando en su momento ser convocados para expresar sus justificaciones frente a posibles cambios respecto de la antigüedad, el 82% móvil para jubilarse, progresividad y la ocupación de cargos vacantes aún siendo jubilados, entre otras consideraciones.
Hoy trascendió una nota periodística sobre el tema, que indica que más de 800 ex-jueces federales perciben actualmente una jubilación o pensión especial, por haber ocupado la magistratura, cuyos beneficios rondan en promedio los $430.000 netos.
La información indica también la posición de diez ex-ministros de la Corte Suprema o familiares que registran asignaciones sensiblemente superiores: en promedio, unos $648.000 netos, gracias al régimen previsional especial que abarca a los tres poderes del Estado.
Quien ocupa el lugar de mayor asignación es el ex magistrado y cerebro judicial del kirchnerismo, Eugenio Zaffaroni con $853.000 netos.
Nada que no le corresponda por la Ley 24.018, que fija las asignaciones especiales para los tres poderes del Estado, expresando que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, adquieren el derecho a gozar de la jubilación especial cuando cumplen cuatro años en el ejercicio de sus funciones, a partir de los 65 años o al acreditar treinta años de antigüedad en servicio o 20 años de aportes.
Tales asignaciones son móviles, vitalicias e inembargables.
Si bien el actual gobierno envió al Congreso un Proyecto que logró modificaciones al comienzo de su mandato, queda en evidencia que el mismo no aplica ya que varios de ellos se jubilaron con la legislación anterior.
Los beneficios del poder judicial distan de manera sustancial con cualquier jubilado que confluye en el sistema previsional, alejándose bastante del concepto de «solidaridad» y requiriendo una discusión que permita atacar los graves problemas que enfrenta el país.
Queda claro que hay Proyectos de mayor implicancia económica y social que la premura que rige la agenda sobre la prioridad puesta al servicio de la reforma judicial. Aunque así fuera están quedando ítems que no se se quieren mencionar.
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