A raíz de la persecución a trabajadores de la salud, donde se detuvo a una enfermera, el Consejo de Abogados expresó su preocupación y dijo que hay «un esquema de persecución política institucional que pretende anular legítimos reclamos de los involucrados».


El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja explicó que «alarma la premura con la que el Poder Judicial riojano actúa cuando se trata de cuestiones que afectan la agenda del Poder Político, sobre todo durante la feria judicial». Además dijeron que «nos alerta la acción desplegada por los poderes públicos que ordenaron la promoción de acciones penales y detención de los ciudadanos luego de una protesta colectiva, lo que evidencia la clara intención de enviar un mensaje amedrentador a la población riojana».
Los profesionales del derecho riojanos explican que «las mencionadas detenciones se enmarcan dentro de un esquema de persecución política institucional que pretende anular legítimos reclamos de los involucrados, con el agravante de que, como ya se ha manifestado, esos reclamos no habían siquiera tomado estado público».
Finalmente opinan que «el accionar de las autoridades instituidas, constituye en lo sustancial, una violación de la libertad de expresión que pretende cercenar la facultad de los ciudadanos de la provincia, de expresar libremente sus ideas, y que no nos es dable ignorar que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, se proyectan especialmente en el sistema político», y dan su «apoyo a quienes son víctimas de un Poder Judicial que resulta en una Justicia sumisa, servil y obediente».





