BUENOS AIRES.- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) sostuvo que «combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia», luego de difundirse el alcance del proyecto de reforma judicial que será debatido en el Senado esta semana. El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que oficia como vocero de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue el autor de agregar esa iniciativa en el inciso E del artículo 72 del dictamen que se tratará.
Alertaba sobre una cláusula que favorece la autocensura, inhibe el escrutinio periodístico y debilita el debate público sobre cuestiones de carácter institucional.
Ante la aprobación reciente del dictamen que permite la avanzada del Proyecto de reforma, ADEPA volvió a repudiar «la incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial que no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodística sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia».
Además agregó: «Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso. Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país».
Así mismo, reitera su posición del 6 de agosto cuando se manifestó como organización ante el tratamiento de la reforma que busca «acallar voces», instando a los senadores de la Nación a que reflexionen sobre la gravedad institucional que refleja las medidas que están tratando, con una premura que desconcierta frente a tantas adversidades y prioridades a resolver.
ADEPA indicó: » Se compromete, entretanto, a transmitir también a los diputados, sin distinción de banderías, su preocupación por la situación que se ha abierto, incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa».
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