Los organismos estatales solicitaron ser parte activa en la investigación de los intermediarios de seguros y el pagos de sobreprecios.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Hoy tomó estado público que el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), presentaron una solicitud conjunta ante el Juez Julián Ercolini, para ser querellantes en la causa que investiga a los intermediarios de seguros durante la gestión del ex-presidente Alberto Fernández.
En su presentación, además de aportar testigos, solicitaron que “se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos, que surge de la nota, cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente”. También pidieron una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado, por las presuntas irregularidades en los contratos con los brokers de Nación Seguros S.A.
Según la denuncia, “la ANSeS contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.
Además, se menciona que, “por orden del ex-director general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.
Asimismo, la presentación agrega que Campos fue denunciado por ANSeS por “otros hechos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública” y “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa”.
El Gobierno de Javier Milei realizó una auditoría que detectó una serie de irregularidades en los seguros durante el mandato de «Los Fernández», lo que motivó la denuncia actual.
La denuncia abarca los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.