El presidente Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada el proyecto de ley de reforma del sistema judicial, que busca consagrar la impunidad de todos los dirigentes kirchneristas que tienen problemas con la ley y la creación de nuevos juzgados que serán designados magistrados afines al poder.
En medio de una pandemia que produjo más de 400 mil nuevos desempleados, miles de Pymes cerradas y que el propio presidente haya reconocido que no cree en los planes económicos, sin embargo, Fernández presentó el proyecto para reformar el Poder Judicial cuando no es una urgencia en el momento por el que atraviesa el país.
La iniciativa será enviada esta semana al Senado, para su tratamiento.
“Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos tener un mejor Estado de derecho”, sostuvo el mandatario durante el acto que encabezó en el Salón Blanco, y destacó que el proyecto se propone “consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los proceso con celeridad e independencia”. Todo verso.
Nadie duda que la Justicia debe funcionar bien para todos los argentinos.
“Lo único que me impulsa a hacer un cambio es fortalecer el Estado de derecho. Solo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”, remarcó, y consideró que “sin Justicia independiente del poder político no hay República ni democracia”. “De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas y para eliminar al adversario de turno”, pidió.
Curiosamente este proyecto se presenta en la misma semana en la que el jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich. Antes había procesado al ex titular de Vialidad, Javier Iguacel.
“No he llegado hasta aquí para defraudar a los alumnos que me oyeron en la universidad pública reivindicar las reglas del debido proceso”, señaló el Presidente, quien destacó la necesidad de construir “una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos”. Ayer circularon en las redes sociales varios videos donde se lo veía a Alberto Fernández opinar sobre la reforma judicial que impulsaba Cristina Kirchner y a la que Fernández se opuso porque el objetivo era dominar al Poder Judicial. Ahora Fernández hace lo que antes criticaba. Como el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
Según lo que dijo Fernández, uno de los objetivos de la reforma es mejorar el funcionamiento del fuero federal, para eso se propone fusionar los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicar su número para dar más velocidad a las causas en las que les toca intervenir y que incluyen delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y corrupción, entre otros. La Cámpora ya se relame con la posibilidad de designar –o influir en la designación– de esos nuevos jueces.
Además, señaló que “la lógica de ampliación del número de juzgados busca adecuar la labor a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio” y explicó que así se busca “superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas”.
La propuesta también busca que se implemente el sistema acusatorio, que ya fue aprobado en el Congreso y que otorga la dirección de los procesos penales a las fiscalías y da a los jueces el papel de garantes del mismo.
Una de las polémicas del proyecto es la creación de un consejo consultivo de juristas, que estará integrado por el abogado de Cristina Kirchner, procesada y en juicio oral por diversas causas de corrupción.
El consejo consultivo de juristas, especializados en distintas ramas del derecho, deberá elevar propuestas concretas para mejorar la administración de Justicia y analizará cuestiones como la Corte Suprema, le Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otras.
Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvieron la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre otras autoridades parlamentarias e integrantes del Consejo de la Magistratura.
Además, participaron los juristas que asesorarán al Presidente: Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Carlos Beraldi (abogado de Cristina Kirchner), Omar Palermo, Andrés Gil Domínguez, León Arslanian, Raúl Gustavo Ferreyra, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Marisa Herrera.
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