La Subsecretaría Legal detectó falta de control, en el otorgamiento de los beneficios durante la gestión de Alberto Fernández.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la mañana de hoy tomó estado público que el Ministerio de Capital Humano, presentó una nueva denuncia contra ex-funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, centrada en el manejo de las Becas Progresar.
El programa fue creado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y continuado por Mauricio Macri. En el gobierno pasado, era supervisado desde el ex-Ministerio de Trabajo dirigido por Raquel “Kelly” Olmos.
Una investigación reveló irregularidades, incluyendo la destrucción de documentos relacionados con las becas y un ambiente de falta de control en su asignación.
El escándalo también involucra a otras áreas, como la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa, vinculada al ex- Ministerio de Educación de Alberto Fernández. Se señalan negociados y falta de seguimiento en la asignación de becas a jóvenes en situación vulnerable, con similitudes al controvertido Plan Potenciar Trabajo. La falta de registros adecuados y control informático ha sido destacada como un problema grave por la SIGEN.
«Luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022″, dice la denuncia.
En el escrito, la cartera conducida por Sandra Petrovello señalaron que «dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento».
Entre otras irregularidades, la investigación destaca que «no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca», y agrega que «tampoco hay documentación que respalde cada otorgamiento», y que «no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada».
La auditoría de la SIGEN calificó el caso como de «impacto alto»:
La Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, acusa de estar «ante un caso de gravedad en perjuicio el Estado Nacional, pero, sugestivamente, el gobierno anterior no denunció nada al respecto ante la Justicia», a pesar de la advertencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, se destaca: «Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas».
Desde el Ministerio también le advierten al magistrado que «en el marco de las auditorías que desembocaron en la presente denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se halló en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo (depuesto en su cargo por este gobierno)».
La gestión de Javier Milei sostiene que, el préstamo otorgado al país (es decir con devolución) «fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019″. El Programa, tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las «Becas Progresar».
En la cartera de Pettovello calificaron como «burdas» las irregularidades detectadas por la SIGEN en el manejo de las «Becas Progresar» y que «la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por autoridad nacional alguna, resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público».